El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid acaba de recibir una información por parte de la Tesorería de la Seguridad Social que podría resultar clave en varias de las piezas abiertas en el llamado caso Tándem a raíz de la petición de diligencias realizada por los abogados del expresidente de Sacyr Luis del Rivero.
Según la documentación a la que ha podido tener acceso elEconomista, el Ministerio de Inclusión ha remitido al juzgado una relación de los empleados con los que contaba Cenyt que demuestra la actividad diaria de la compañía así como la cantidad de empleados que tuvo en activo durante años.
De esta documentación se desprende, según fuentes judiciales, que la compañía trabajó durante todo ese periodo como una empresa estable que contaba con una plantilla estable para realizar sus actividades. Asimismo, el juzgado también ha recibido informes sobre los clientes de Cenyt o de los gastos corrientes de la compañía, lo que en definitiva muestra que se trataba de una sociedad con una actividad normal y descarta la teoría de que Cenyt fuese una tapadera de Villarejo.
Esta respuesta se une así a otro documento clave para la investigación como es el informe policial sobre la actividad de Villarejo que elaboró la Dirección General de la Policía en 2015 para el Ministerio del Interior. En dicho documento, la Policía defiende la compatibilidad de la actividad privada de Villarejo con su función como comisario.
Ambos documentos, a los que ha tenido acceso elEconomista, ponen en entredicho las citaciones como investigados de los presidentes de Iberdrola, Ignacio Galán, de Repsol, Antonio Brufau, y de la Fundación bancaria La Caixa, Isidro Fainé, por un presunto delito de cohecho por la contratación de un funcionario para realizar labores de inteligencia corporativa.
Informe policial
De hecho, incluso el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, acaba de pedir al juzgado que incorpore este último documento a la pieza 17 como una de las pruebas clave y recuerda que este documento ya figura en casos como el del Pequeño Nicolás que se investigó en el Juzgado número 2.
El inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago, autor de dicho informe, aseguraba que el comisario Villarejo no necesitaba ni petición de compatibilidad para dichas actividades por encontrarse encardinadas dentro de las excepciones previstas por la Ley. En el documento, que ya obra en manos del juez, se sostiene que "sus actividades (las de Villarejo) en modo alguno han menoscabado el estricto cumplimiento de sus deberes ni se trata de actividades que tengan relación con asuntos que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía".
Para el inspector jefe, la actividad de Villarejo se trataba de la "gestión de un patrimonio personal generado durante los casi diez años que el funcionario estuvo en excedencia reglada y solicitada formalmente (del 13 de agosto de 1983 al 29 de junio de 1993), que se dedica a administrar cuando reingresa en el servicio activo, sin perder de vista que muchas de las empresas que se constituyeron en esa época, actualmente están extinguidas".
El informe desvela también que "no consta solicitud de compatibilidad" por parte de Villarejo, pero sostiene que "no resulta necesaria si se trata de un actividad compatible".
El juez Manuel García Castellón ha pedido también a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la presunta responsabilidad penal de Repsol y CaixaBank por los hechos que se les imputan en la pieza 21 del caso Tándem.
A lo largo de los últimos meses han sido varias las personas que han pasado por el juzgado para declarar pero, hasta el momento, el juez no ha citado al Chief Compliance Officer de Repsol que encabezó todo el proceso investigador en la petrolera pese a que se le ha reiterado hasta en tres ocasiones.
Recordemos que el enorme volumen que está adquiriendo la causa en la que ya figuran alrededor de 30 piezas separadas, ha llevado al juez a pedir un mayor apoyo pero ha provocado también situaciones como la vivida por Iberdrola. La eléctrica presentó una denuncia en Bilbao contra José Antonio del Olmo por un presunto documento falso que ha llevado al magistrado, Manuel García Castellón, a suspender la declaración prevista para hoy del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.
La decisión del magistrado se produce después de la petición realizada por los abogados de la eléctrica que han exigido la nulidad de todos las decisiones judiciales desde el pasado 27 de mayo por no haber sido notificadas las actuaciones procesales correspondientes a la denuncia presentada por la eléctrica contra José Antonio del Olmo por un presunto documento falso.
García Castellón pide refuerzos para la instrucción de los casos
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye las macrocausas 'Tándem' y 'Púnica', ha solicitado otro magistrado de refuerzo tras la marcha de Alejandro Abascal, que asumirá el Juzgado Central de Instrucción (JCI) Número 1 hasta que regrese su titular a final de año, según consta en el acuerdo de la Sala de Gobierno del pasado 21 de junio. García-Castellón pidió, en un escrito enviado el 18 de junio al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el nombramiento de un magistrado adscrito para que, bajo su dirección y sin funciones jurisdiccionales, "realice exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento". No obstante, en el mismo acuerdo la Sala de Gobierno opta por retirar este punto del orden del día hasta una próxima reunión. La siguiente sesión está prevista para el 19 de julio. El titular del JCI 6 contaba hasta ahora con dos jueces de apoyo, Joaquín Gadea y Alejandro Abascal, para ayudarle en la investigación de las causas.
