La Comisión Europea ha obligado a España a exigir a las comercializadoras de electricidad que le informen de los precios que cobran a los consumidores finales para poder entregar a la Oficina Estadística Europea, Eurostat, unos datos comparables a los del resto de países. La exigencia, una obligación impuesta por la Comisión desde 2016, todavía no se había trasladado a la normativa española, ya que el Gobierno pidió una excepción en el año 2018 para dar a conocer estos datos. Ahora, transcurrida la prórroga solicitada a Bruselas, el Ejecutivo acaba de dar los primeros pasos para tener los datos más afinados correspondientes al segundo semestre del año y poder así entregárselos a Eurostat.
Para hacerlo, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó a finales de abril una Orden TED/456/2021, por la que se determinaba el contenido y las condiciones en las que el Ministerio debe recibir la información sobre los precios aplicados a los consumidores finales. Dicha Orden entró en vigor el pasado 13 de mayo de 2021 y obliga ahora a fijar las compañías encargadas de informar.
A partir de ahora, antes del 1 de diciembre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas una propuesta de listado de comercializadoras obligadas a remitir la información relativa a los precios aplicados a los consumidores de energía eléctrica pero para este año, el Gobierno acaba de sacar a consulta pública las empresas que deberán cumplir con todos estos requerimientos de información.
La medida de la Comisión Europea pretende poder comparar con una mayor precios los precios de la electricidad que se están registrando en cada país.
Los pasos adelante coinciden con la petición realizada por parte del Gobierno a la CNMC de que vigile la evolución de precios de la energía después de la entrada en vigor de la nueva tarifa con tres tramos horarios para los consumidores.
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