Alcoa ha salido al paso de las peticiones del Gobierno sobre el proceso de venta de la planta de San Ciprián. En una carta enviada esta pasada semana a los trabajadores, el presidente de la compañía, Álvaro Dorado, insistía en su disposición a vender la compañía por un euro a la Sepi pero, a la vez, reclamó una garantía de indemnidad ante cualquier reclamación posible por parte del Estado al comprometerse a aportar también una cantidad de efectivo para el traspaso de esta planta.
"Es completamente habitual en este tipo de operaciones acordar las limitaciones de responsabilidades del vendedor. Esto es lo que pretende abordar esta cláusula, y es aún más relevante sabiendo que la Sepi prevé, posteriormente, vender esta planta a un tercero" indica Dorado.
Según explicaba el presidente de Alcoa a los trabajadores, desde el pasado mes de febrero en el que se envió al Gobierno la carta con los detalles de la negociación, la empresa no ha recibido respuesta.
Tras recibir esta misiva de Dorado, Comisiones Obreras ha decidido ir un poco más allá y pidió por carta información tanto al Ministerio de Industria como al Ministerio de Transición Ecológica, sobre la marcha del proceso de venta de la compañía.
La situación en estos momentos se complica para la planta de San Ciprián. Ls delicada situación de GFG Alliance puede hacer que la operación se quede sin un comprador claro. No obstante, el secretario general de Industria, Raül Blanco, aludió ya la semana pasada en la Mesa con los sindicatos y la Xunta sobre el interés de varias compañías por esta instalación, aunque no se llegó a desvelar los nombres de los mismos.
La Xunta de Galicia ha asegurado que la irrupción de nuevos candidatos a comprar la planta de Alcoa es una cortina de humo por parte del Ejecutivo, pero fuentes consultadas por este diario confirman la existencia de contactos preliminares con algunos inversores interesados por la misma.
Alcoa, no obstante, se mantiene en su posición y sigue sin dar un paso adelante sobre el proceso de venta. La compañía pactó con los sindicatos un plazo que vence el próximo 30 de abril para acordar la venta de la planta, pero el ministerio ha recordado en varias ocasiones que esta situación no supone ninguna limitación sino meramente un compromiso entre las partes que puede ampliarse.
El Gobierno español, con buen tino, solicitó garantías a GFG antes de cerrar una operación a tres bandas que podía suponer dejar libre de responsabilidades al grupo estadounidense pero la caída de Greensill Capital -una entidad en la que el grupo de Senjaav Gupta mantenía compromisos por 5.000 millones- ha puesto en jaque la venta.
La primera señal de alarma la dio ya el otro día Ignis, un promotor de renovables español, con el que la compañía británica había pactado la construcción de 1,2 GW de renovables para sus plantas. Este acuerdo sirvió para que Gupta lograra un mayor acceso al Ministerio de Transición Ecológica pero su ruptura supuso alejarse un poco más de esta operación a la que cada día le queda menos tiempo.
