La Corte de arbitraje de las Naciones Unidas, Uncitral, ha desestimado la demanda de Naturgy contra el Gobierno colombiano por la intervención de Electricaribe en 2017. La compañía española reclamaba del orden de 1.600 millones de euros y fía ahora el cobro de la indemnización a la demanda impuesta a las aseguradoras. A su vez, la Corte arbitral también ha desestimado la reclamación de 500 millones de euros que el país exigía a la gasista.
Fuentes de Naturgy indicaron que la compañía está revisando en estos momentos los detalles del laudo y que trabajan para poder recuperar parte de la indemnización a través de la reclamación iniciada en 2019 contra un grupo de aseguradoras, tal y como adelantó elEconomista.
Naturgy tenía contratada una póliza de riesgo político en Colombia pero tuvo que acudir a un arbitraje tras negarse este consorcio asegurador a hacer efectivo el pago de 500 millones de dólares (430 millones de euros) que solicitaba la española. Las entidades consideraban que no se daban las causas previstas por los contratos que mantenían firmados.
La negativa de las aseguradoras y el fallo arbitral supone que la empresa no ha podido realizar ningún ingreso de esta compañía desde noviembre de 2016 cuando fue intervenida por la Superintendencia y desde entonces la gestión de la empresa ha estado en manos de varios administradores especiales hasta su privatización el año pasado.
Naturgy presentó el 15 de junio de 2017 su demanda de arbitraje ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), con el objetivo de recuperar la compañía con un marco regulatorio viable, o en su defecto, conseguir una compensación.
Regulación ineficaz
La empresa española basaba su reclamación en una queja por la regulación ineficaz. A juicio de Naturgy, la empresa tenía problemas para poder cobrar las facturas por culpa de la normativa, lo que le impedía realizar inversiones.
Según las cuentas de la gasista, a 31 de diciembre de 2017 la participación en Electricaribe figuraba valorada en 416 millones de euros, correspondiente a su valor razonable a la fecha de la pérdida de control, que no difería de su valor neto contable, ajustado por el efecto derivado de las variaciones en el tipo de cambio.
La negativa del tribunal de arbitraje se produce en plena opa por parte del fondo inversor australiano IFM sobre el 20,7% del capital y supone reducir las probabilidades que tenía la compañía de incrementar su valor por esta vía. La gasista, no obstante, ha logrado monetizar esta misma semana el arbitraje que mantuvo con Egipto por el cierre de la planta de Damietta.
