El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan Nacional de Calidad del aire que incluye una batería de medidas que remitirá a la Comisión Europea y en el que destaca la limitación al tráfico a partir de 2023 para las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Según el borrador elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, con la participación de otros departamentos, a partir de 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que delimitar zonas centrales con acceso limitado a los vehículos más emisores y definir Zonas de Bajas Emisiones, lo que supondrá una fuerte reducción de la movilidad del vehículo privado.
El objetivo es reducir el uso de dichos vehículos en entornos urbanos un 35% hasta 2030 y de los tráficos interurbanos del orden del 1,5% anual, gracias al teletrabajo, vehículo compartido y uso de medios no motorizados.
El Ejecutivo propone la aplicación de medidas de restricción del tráfico y gestión de aparcamiento en vía pública -zonas azules y verdes- así como la aplicación de programas de ayudas a fondo perdido para que se multiplique el presupuesto puesto a disposición de los particulares y empresas para la adquisición de vehículos eléctricos. Asimismo se producirá un incremento del impuesto de matriculaciones y de Tracción Mecánica (el numerito) con la idea de que los precios de estos vehículos se equiparen cuanto antes a los del eléctrico.
Objetivos de calidad del aire
España tiene que cumplir además de con los compromisos del Acuerdo de París con las indicaciones de la Directiva Techo, que prevé una reducción de emisiones de NOx del 43% para 2020 y del 49% para 2030 frente a los datos de 2005. Las emisiones de óxidos de azufre se tienen que reducir un 83% en 2020 y un 86% en 2030 (combustibles derivados del petróleo). Los compuestos orgánicos no volátiles se tienen que reducir en un 23% para 2020 y 2030 (uso de disolventes) y las de material particulado (PM2,5) deben bajar un 21% en 2020 y un 30% en 2030.
El Ejecutivo incluye además dentro de este paquete una reforma sobre el mix energético, el transporte, la eficiencia energética de la industria, los residuos, los planes de abonado y fertilización, las emisiones por la quema de podas, la gestión de estiércoles, el uso doméstico de disolventes y pinturas, entre otras, con la intención de mejorar la calidad del aire y reducir el número de muertes que cada año se producen por la contaminación.
Se quiere impulsar la integración de las renovables térmicas en el sector de la edificación
Dentro del plan de calidad se quiere impulsar la integración de las renovables térmicas en el sector de la edificación. Para lograrlo, se establecerán líneas de apoyo a instalaciones en edificios o redes de calor.
Las medidas irán focalizadas a renovar el parque solar térmico instalado, los equipos de energía ambiente de alta eficiencia en sustitución de sistemas obsoletos, la renovación de equipos de biomasa por otros de altas prestaciones, las instalaciones de energía geotérmica mediante bomba de calor y uso directo, la hibridación de tecnologías renovables para alcanzar el edificio de energía casi nulo y las instalaciones térmicas integrales estandarizadas y compactas de calor y frío.
El Ministerio de Hacienda analizará también una posible adecuación del marco fiscal para establecer señales que incentiven la electrificación y el uso de las renovables para las necesidades térmicas, así como evitar una subvención indirecta de los combustibles fósiles.
Para el periodo 2021-2030 se prevé la intervención sobre la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas en el conjunto del periodo, comenzando con 30.000 viviendas/año en 2021 y finalizando con 300.000 viviendas al año en 2030. Por otro lado, una renovación de las instalaciones térmicas (centralizadas e individuales) en más de 300.000 viviendas al año.
El plan advierte sobre una medida que tendría un impacto negativo. La integración de biomasa en la edificación dentro del entorno urbano podría tener efectos negativos si no se realiza de forma adecuada por las emisiones de partículas, por eso desarrollará un reglamento para fijar los tipos de biomasa para calefacción en el sector residencial.
Por otro lado, el Gobierno prepara un programa de ayudas para incorporar renovables en los procesos industriales mediante líneas de apoyo o redes de calor que les suministren. La política industrial incorporará en toda las herramientas la vertiente energética y habrá acuerdos voluntarios con determinados sectores para incorporar las renovables y ayudas para poder hacer estudios que faciliten a la industria el paso a procesos menos intensivos en carbono.
A partir de 2021 se instalarán 57.000 MW de renovables en España, lo que supone una cobertura del 74% del consumo eléctrico con renovables. Se estima que entre 2021 y 2030, unos 22.000 MW habrán superado la vida útil regulatoria, por lo que hará falta un plan específico para la renovación tecnológica.
El Gobierno acometerá también subastas para la asignación de un régimen retributivo específico. Establecerá un calendario plurianual de subastas salvo un cambio en las condiciones de mercado en el que se venda la energía a generar y la variable sea el precio y donde se podrá distinguir entre tecnología por su capacidad de dar potencia firme, gestionabilidad y madurez tecnológica. Esta parte contrasta con la idea del Gobierno de hacer subastas por 3.000 MW anuales, incluida en la Ley de Cambio Climático.
El Plan de renovación tecnológica de proyectos renovables incluirá una simplificación administrativa con la exención del trámite de utilidad pública e integración en el territorio, la exención de la necesidad de presentar un nuevo estudio arqueológico, la reducción de los plazos de tramitación de la evaluación de impacto ambiental y de información a otras administraciones públicas.
El Ejecutivo quiere impulsar la participación local en proyectos de renovables mediante un mecanismo de adhesión para que estas plantas puedan acceder a un contrato de venta de su electricidad a un precio fijo ligado al resultado de las subastas. Se reservará una cuota anual que se otorgará a los primeros que lo soliciten y se facilitarán garantías públicas para abaratar la financiación.
Entre las medidas para los próximos años se incluye, además, el impulso de un programa para tecnologías en desarrollo, que contará con un calendario de subastas específico y un volumen de potencia reducido para proyectos de demostración -energías del mar o eólica marina- donde, incluso, podría haber financiación pública. De hecho, los territorios extrapeninsulares contarán con un programa de ayudas para las nuevas instalaciones de renovables que aporten garantía de potencia.
En materia de redes se prevé la adaptación de la planificación de las redes de transporte y distribución, que ya se ha iniciado, para el desarrollo de nuevos nudos de evacuación y refuerzo de los existentes.
El Ejecutivo afrontará la definición de la capacidad de conexión a la red en cada nodo en función de la potencia máxima de evacuación y no de la potencia pico, al tiempo que garantizará la transparencia de la capacidad de conexión.
El Ejecutivo apostará por el desarrollo del almacenamiento. Está previsto un alza de la tecnología de bombeo que aportará 3,5 gigavatios de potencia adicional, equivalentes a 2,5 gigavatios en 2030, con un mínimo de dos horas de almacenamiento a carga máxima.
Para lograrlo, se convocarán subastas para incorporar potencia firme de respaldo que no utilice combustibles fósiles. La variable para la oferta será la retribución adicional por unidad de potencia firme (MW) o capacidad de almacenamiento (MWh) y se analizará la posibilidad de reformular la operación de la capacidad de bombeo hidráulico para que su principal objetivo sea la estabilidad del sistema y la integración de renovables, un tema al que se oponen radicalmente las eléctricas. El Gobierno vigilará también el fin de la concesión de las centrales hidroeléctricas, regulando los procedimientos y plazos aplicables a estas instalaciones.
Otra figura que ganará peso es la del agregador de demanda, que permitirá participar a los sectores terciario y residencial de los servicios al sistema. La gestión será algo habitual para consumidores que pueden agregar, como flotas de vehículos eléctricos, operación de parques de baterías o sistema de climatización distribuidos.
En lo que respecta al gas, se aprobarán planes para promover los gases renovables. Se incluirá el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable. Se realizará un análisis de la situación de los gases renovables en España para determinar el potencial de producción teórico, técnico y económico y se definirá una estrategia para determinar el uso más eficiente, lo que incluye el diseño de mecanismos de apoyo sustentados, si fuera necesario, en un sistema de certificación que permita la supervisión y control de las obligaciones sin descartar regulaciones que permitan la inyección en la red de gas.
Para la industria se prevé impulsar la contratación bilateral a largo plazo de energía renovable, para lo que se analizará la viabilidad de contribuciones mínimas de suministro renovable para las administraciones públicas y los grandes consumidores de energía.
Estrategia nacional para el autoconsumo
El nuevo Gobierno impulsará una Estrategia nacional para el Autoconsumo, que pasará por analizar el potencial de penetración para fijar unos objetivos ambiciosos pero alcanzables. En las previsiones del Ejecutivo se tendrá en cuenta la sostenibilidad del sistema eléctrico, permitiendo la adaptación de las redes y de la propia tarifa a una probable reducción de sus ingresos.
Se incorporarán plantas a los aeropuertos con un objetivo para Aena del 10 por ciento en 2030 y se aportará financiación blanda mediante el retorno en base a los ahorros económicos que supone la generación autoconsumida.
Se favorecerá la gestión por parte de terceros que asumen la inversión y el mantenimiento para que vendan a los consumidores la energía en condiciones favorables y se impulsarán medidas de fomento desde el ámbito local mediante la simplificación de los trámites. El Estado coordinará el desarrollo de las mejores prácticas.
Apoyo a las renovables térmicas
Dentro del plan de calidad se quiere impulsar la integración de las renovables térmicas en el sector de la edificación. Para lograrlo, se establecerán líneas de apoyo a instalaciones en edificios o redes de calor.
Las medidas irán focalizadas a renovar el parque solar térmico instalado, los equipos de energía ambiente de alta eficiencia en sustitución de sistemas obsoletos, la renovación de equipos de biomasa por otros de altas prestaciones, las instalaciones de energía geotérmica mediante bomba de calor y uso directo, la hibridación de tecnologías renovables para alcanzar el edificio de energía casi nulo y las instalaciones térmicas integrales estandarizadas y compactas de calor y frío.
