Lo que no se invierte en Sanidad acaban pagándolo las empresas y la Seguridad Social. Es el efecto mecano que tiene el continuo deterioro de las listas de espera quirúrgica y diagnóstica del Sistema Nacional de Salud sobre el mercado de trabajo y, en especial, sobre el absentismo laboral en España, que sigue marcando registros récord conforme se estancan los tiempos de demora de la sanidad pública en niveles máximos. Más información en el nuevo número de la revista 'elEconomista Sanidad'.
Desde 2009, el número de días perdidos por una baja de larga duración se ha incrementado en un 19,8 por ciento, hasta situarse el año pasado en 275,18 días de duración media como consecuencia de estar el trabajador pendiente de pruebas o tratamientos. Si bien el número de este tipo de bajas de larga duración, más de 90 días, apenas suponen el 10 por ciento de los 5,2 millones registradas en 2018, sí que representan por el contrario el 69 por ciento del total de días perdidos por los trabajadores asalariados. A falta de datos oficiales sobre el impacto de las listas de espera sanitaria sobre el tiempo de duración de los procesos de bajas por contingencia y también de una valoración de la ley de 2014 que modificó la Ley de Mutuas, pero cuya aplicación práctica se demoró hasta casi 2018, todo parece indicar que existe una relación directa pendiente todavía de cifrarse.
El propio Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce que el 12% de las bajas se prolonga por estar el trabajador en una lista de espera médica
El propio Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció en 2014 que el 12,61 por ciento de las bajas por contingencia se prolongaba por estar el trabajador incluido en una lista de espera médica para pruebas, cirugía o rehabilitación, según datos facilitados como respuesta a una pregunta parlamentaria. Se trata de la misma tasa que en 2009 y 2,5 puntos más que en 2010 pero, en cualquier caso, se trata de demasiadas bajas agravadas, en concreto, 657.320 si se extrapola este porcentaje a las 5,2 millones de bajas registradas en 2018.
elEconomista ha intentado sin éxito actualizar esta información del mismo organismo público. Se trata de un dato medio punto superior al 12,1 por ciento de 2013, y más de dos puntos porcentuales por encima del 10,3 por ciento de 2012. El porcentaje era del 11,77 por ciento en 2008, del 12,45 por ciento en 2009, del 12,14 por ciento en 2010 y del 10,77 por ciento en 2011. Infecciosas, trastornos musculoesqueléticos, traumáticos y psiquiatría son los cuatro grupos diagnósticos que concentran el 67 por ciento de las bajas médicas en España.
Listas de espera maquilladas
Durante la última década, y coincidiendo con el recorte de casi 9.000 millones de euros de gasto sanitario público realizado entre 2019 y 2013, los tiempos de demora quirúrgica superaron los 100 días durante 2012 y 2013, para iniciar después una lenta mejoría hasta junio de 2016, donde se volvieron a disparar hasta los 115 días por el efecto estadístico de contabilizar los datos de Cataluña como los del resto de España. A fecha de junio de 2018, últimos datos conocidos, los pacientes programados esperan por término medio 93 días, más de tres meses según los datos oficiales proporcionados por las propias comunidades autónomas que apenas sí han registrado mejorías significativas. Después de que el nuevo Gobierno andaluz destapase a medio millón de pacientes en espera quirúrgica y diagnóstica sin contabilizar, está claro que la cifra oficial no es más que una aproximación a una realidad maquillada que tiene una fuerte incidencia en la salud de los trabajadores y también en el mercado de trabajo.
El director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, Manuel Vilches, señala que las demoras "suponen un grave problema asistencial y también desde un plano social y laboral". El doctor Vilches advierte también de su impacto "en la duración de las incapacidades temporales y el aumento de las mismas una vez que el ciudadano tiene una causa no tratada que le impide la incorporación a su puesto de trabajo".
El último informe del Grupo Adecco revela que la tasa de absentismo en España, como el porcentaje de las horas no trabajadas por incapacidad temporal por enfermedad o contingencias comunes (ITCC), subió al 5,3 por ciento en 2018. Esta tasa, que en 2000 se situó en el 3,7 por ciento, equivale a 5,2 millones de ITCC, un 12,7 por ciento más que el año anterior, o 753.000 asalariados que no trabajaron en todo el año, 52.000 personas más, según el análisis de datos sobre horas trabajadas y no trabajadas de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE.
Agujero económico
Aunque hay muchos factores que influyen en la tasa de absentismo, como la propia actividad económica del país y el incremento del empleo, está todavía por analizarse el coste económico de mantener listas de espera abultadas en la sanidad como factor regulador de la demanda, ya que son las empresas y la propia Seguridad Social a través de las mutuas quienes costean las prestaciones de la incapacidad temporal por baja médica y que se ven incrementadas por el impacto de las demoras médicas.
Adecco calcula que el coste directo del absentismo por contingencias comunes asciende a 6.900,48 millones de euros para las empresas y 4.498,54 millones de euros en prestaciones económicas. En total, 11.399 millones de euros que se dispararían hasta los 85.140,42 millones de euros si se suma el coste de oportunidad, en términos de la producción de bienes y servicios que se dejaron de producir.
Manuel Vilches llama la atención sobre los costes asociados a la IT, que "redunda en un incremento sustancial del gasto y de la cuantía de las prestaciones que afectan directamente a las arcas del Estado, lo que sin duda provoca una situación de presión financiera creciente y un aumento constante de los gastos sociales". De lo que no hay duda es que este hecho "genera un problema incremental en una partida presupuestaria que ya de por sí tiene problemas debido al cambio sociodemográfico y a la propia situación económica y de desempleo que siguen viviendo buena parte de los ciudadanos y familias de nuestro país", sostienen desde el IDIS.
Un problema añadido es la propia gestión burocrática de los partes médicos de contingencias comunes. Un informe del Tribunal de Cuentas de 2014 sobre la gestión y control de la IT por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social ya advertía que la conformidad de la autoridad sanitaria está ocasionando retrasos en el fin de la incapacidad temporal. Y es que para que los servicios médicos de la mutua presten asistencia sanitaria después de transcurridos los primeros 15 días de baja, el trabajador debe acudir primero al médico de atención primaria, que le remitirá al especialista y este encargará pruebas diagnósticas que suponen de facto más demoras. Es decir, hasta que el especialista no decide la intervención quirúrgica, la mutua no puede tratar al trabajador con sus propios medios y debe abonar, en consecuencia, la prestación económica de incapacidad temporal por causas ajenas a su gestión.
Entre las herramientas de gestión que demandan las Mutuas está, principalmente, poder dar el alta médica en los procesos de accidentes o enfermedades no laborales relacionados con patologías traumatológicas o psiquiátricas, estableciendo un sistema para que los trabajadores disconformes puedan recurrir en vía administrativa, al igual que existe en el caso de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que vienen utilizando las Mutuas desde hace décadas, según reclama Mariano de Diego Hernández, presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Efecto bumerán sobre la sanidad
Otro efecto se puede considerar bumerán y es en forma de mayor carga burocrática sobre los propios médicos que cada año tienen que tramitar más bajas laborales y atender consultas burocráticas cuyo único fin es obtener partes de altas o bajas de los trabajadores. La Ley 35/2014 que modificó el régimen jurídico de las Mutuas introdujo flexibilidad y una mayor eficiencia en el control y seguimiento de las bajas. El resultado ha sido una menor carga burocrática, según reconoce la propia Organización Médica Colegial al poder dar bajas con fecha y alta en el mismo día, además de adecuar los partes a la duración prevista de la baja, entre otras novedades. Pero el incremento de las bajas de larga duración indica que se ha agravado el problema en este tipo de IT.
La falta de implicación de los hospitales sigue trasladando el peso de la gestión hacia la Atención Primaria. "Poner coto a estas situaciones es clave y por ello la optimización y utilización de todos los recursos disponibles es básico ya que de lo contrario estaremos generando nuevas brechas en el presupuesto ya de por sí maltrecho de nuestra economía", recomienda el doctor Vilches.
Expertos de IQVIA también han hecho hincapié en el absentismo laboral y su impacto en la economía. Además de destacar el coste millonario que suponen las bajas médicas, el directivo de la consultora, Carlos Baz, subrayó recientemente la necesidad de prevenir y conocer mejor las enfermedades más prevalentes con el fin de amortiguar su impacto en la vida de las empresas y de la economía en general. Se trata, sin duda, de una asignatura pendiente que ya se cobra una factura muy alta en términos de salud y de productividad laboral, agravada además por la deficitaria atención de la sanidad pública.
