El Gobierno en funciones ha puesto en marcha su plan de recorte del gasto farmacéutico, con el que espera obtener un ahorro en esta partida de hasta 1.500 millones de euros al año.
Tras sondear hace días la aplicación de una subasta nacional de medicamentos -con el que espera recortar 1.000 millones de euros- la primera medida de efecto inmediato será la rebaja por decreto de hasta un 8% de buena parte de los medicamentos más vendidos en las farmacias.
En concreto, el Ministerio de Sanidad ya ha aprobado la revisión de oficio del precio de 45 fármacos para la diabetes, que a partir del 1 de julio verán su precio reducido entre un 6% y un 8%. El recorte del precio afecta sobre todo a las últimas innovaciones que han aparecido en el tratamiento de la diabetes tipo 2, como la liraglutida (Victoza del laboratorio Novo Nordisk) o diraglutida (Trucility, de Lilly), cuyo precio de venta al público ronda entre los 60 y los 100 euros.
El grupo de medicamentos para la diabetes es actualmente el que obtiene mayores ventas anuales en las farmacias y, por tanto, su recorte de precio es el que puede beneficiar más a las administraciones regionales, que asumen de media un 50% del precio a través de las recetas. En los últimos doce meses, según los datos de la consultora Iqvia, este conjunto de medicamentos facturó 1.653 millones de euros a precio de venta al público en las farmacias -un 8% más que un año antes-, lo que supuso más del 10% del total del mercado.
Según las estimaciones de esta misma consultora, el recorte de precio a estos 45 fármacos supondrá un beneficio para las arcas públicas de cerca de 40 millones de euros que impactarán tanto en los laboratorios comercializadores como en los propietarios de las farmacias, que verán reducidos sus márgenes con esta revisión.
17 laboratorios afectados
Los 45 medicamentos que bajarán de precio pertenecen a un total de 17 laboratorios farmacéuticos, entre ellos las compañías españolas Almirall, Ferrer, Esteve y Faes Farma, junto a las multinacionales Boehringer Ingelheim, Novartis, Lilly, Merck Sharp & Dohme (MSD) o Mylan. Entre los medicamentos afectados aparecen marcas como Jentadueto, Trajenta, Efficib, Janumet, Ristfor, Velmetia, Ristaben, Victoza, Trulicity, Tesavel, Xelevia, Galvus, Jalra, Xiliarx, Eucreas, Icandra o Zomarist.
Según una nota de Sanidad, las farmacias dispensarán y facturarán al Sistema Nacional de Salud al nuevo precio de comercialización a partir del día 1 del mes siguiente a su publicación, es decir, a partir del 1 de julio. Sanidad recuerda que tiene potestad para bajar arbitrariamente los precios de los medicamentos "cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica", según recoge la Ley del Medicamento.
El Ministerio de Sanidad ya incluía las revisiones del precio de buena parte de los medicamentos en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022, enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado 30 de abril. El plan de recorte, impulsado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, baraja recurrir al comodín del gasto en medicamentos para financiar otras políticas sanitarias y evitar que se le descuadre todavía más el déficit de las cuentas públicas.
Hacienda pretende aplicar un autentico tijeretazo de nada menos que de 1.500 millones sobre una partida que ronda los 20.000 millones anuales. La mayor parte del ahorro, unos 1.000 millones al año, vendrían con la subasta de medicamentos. Con este sistema, el Gobierno selecciona un único proveedor de cualquier medicamento genérico y las farmacias solo pueden comprar el fármaco de ese laboratorio.
Esta subasta ya la había utilizado durante años la Junta de Andalucía, precisamente cuando Montero era consejera de Hacienda y ha sido eliminada por el nuevo Ejecutivo andaluz.
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