Los gobiernos de España y Francia han conseguido trasladar de Bruselas (Bélgica) a Ginebra (Suiza) el arbitraje que les enfrenta con TP Ferro por la compensación –una figura similar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)– asociada a la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan que esta sociedad explotó hasta su quiebra a finales de 2016, según informan a elEconomista fuentes conocedoras.
Con ello han visto satisfecha su petición, en contra de la posición de la administración concursal de TP Ferro. Ahora el proceso se dilucidará en un tribunal, la Corte de Arbitraje de Ginebra, donde ambos Estados ya han logrado varios laudos favorables en los últimos años por disputas con la concesionaria controlada por ACS y Eiffage.
El tribunal ya ha quedado constituido y ahora las partes están trabajando para establecer un protocolo de arbitraje y un calendario procesal para la presentación de escritos, las audiencias y otros aspectos necesarios del procedimiento.
Años de retraso
TP Ferro entró en concurso de acreedores en septiembre 2015 y las Administraciones rescindieron el contrato anticipadamente a finales de 2016. La administración concursal de la empresa, ejercida por Arraut y Sala Reixachs y representada en este proceso por Quinn Emanuel y Gómez-Acebo y Pombo, demandó en Bruselas a España y Francia en agosto de 2017, después de que ambos Estados se negaran a fijar una compensación por la rescisión anticipada de la concesión de la línea de alta velocidad. Reclamó el pago de más de 500 millones de euros en concepto de una figura similar a la RPA que recogía el contrato. Esta cantidad incluía los más de 400 millones de deuda que soportaba la sociedad y los intereses de la misma. La cifra podría ser mayor, ya que en el arbitraje se abrió la puerta a reclamar por daños y perjuicios.
Los gobiernos español y francés rechazaron la obligación de compensar a TP Ferro y el pasado ejercicio contraatacaron solicitando a ACS y Eiffage una compensación de más de 75 millones por el incumplimiento del contrato. Según los asesores de la sociedad, los Estados debían haber fijado la RPA "no más tarde" del 20 de junio de 2017, es decir, hace justo dos años.
El traslado a Ginebra deja en desventaja a TP Ferro
España y Francia han dilatado el proceso durante los últimos ejercicios, retrasando así un eventual resultado adverso en el arbitraje. Ambos países se negaron desde el inicio a que el proceso se instrumentara en los tribunales de Bruselas, donde el contrato concesional fijaba como sede para resolver los posibles conflictos. Su pretensión, finalmente alcanzada, era la de que se discutiera en Ginebra. En virtud de la legislación belga, el tribunal ha de constar de cinco miembros, entre los que se incluye un presidente elegido de forma mancomunada. Mientras, en la Corte suiza son tres árbitros, de los que los gobiernos designan a dos y la concesionaria a otro.
El traslado a Ginebra deja en desventaja a TP Ferro, máxime con los antecedentes en este tribunal, donde ACS y Eiffage perdieron todos los arbitrajes. En el primero (2014), reclamó 350 millones por sobrecostes en las obras de la línea ferroviaria –un tercio de lo presupuestado–y el tribunal lo rechazó; en un segundo por daños no se pronunció sobre el incumplimiento de los gobiernos pero condenó a la sociedad a una leve compensación;y en un tercero, pedía 260 millones por el reequilibrio, pero desistió.
Entidades
Florentino Pérez Rodríguez
Presidente del Real Madrid y de ACSRelacionados
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