España y Francia han designado a los árbitros en su disputa con TP Ferro, la sociedad que gestionaba la línea de alta velocidad entre ambos países que entró en liquidación el año pasado. Sin embargo, ambos Estados han impuesto condiciones para avanzar en el proceso. Francia ha condicionado la designación del árbitro a que TP Ferro cambie la sede del arbitraje de Bruselas (Bélgica) a Ginebra (Suiza) o un país que permita un número par de árbitros, al tiempo que España ha reiterado su objeción a que la sede sea belga.
Para los asesores de la administración concursal de TP Ferro en este conflicto derivado de la resolución "unilateral y anticipada" del contrato de la concesión, los despachos de abogados Quinn Emanuel y Gómez-Acebo y Pombo, "los Estados siguen obstaculizando que TP Ferro tenga acceso al arbitraje tal y como ha sido pactado entre las partes, particularmente en lo que se refiere a la sede acordada por las partes en dos ocasiones y de esa manera siguen denegándole acceso a la justicia".
Los abogados señalan que "un hecho que prueba que los Estados siguen incumpliendo sus obligaciones contractuales y bajo el derecho aplicable y que aparentemente no tienen intención efectiva de avanzar hacia una solución es que siguen sin fijar y comunicarle a TP Ferro la RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración) provisional que se debía haber presentado en el mes de junio del año pasado". "Llevan más de ocho meses incumpliendo esta obligación sin dar explicación alguna", denuncian.
En este sentido, a principios de febrero, TP Ferro volvió a solicitar mediante carta a los concedentes (España y Francia) que procedieran a fijar la RPA provisional y a manifestar su desacuerdo con el incumplimiento de esta medida. Después de un mes, los concedentes siguen sin responder. "A estas alturas, no cabe duda de que los Concedentes le deben la RPA a TP Ferro, sin embargo, han optado por no hacer nada al respecto, todo lo cual le ha causado y le sigue causando daños a TP Ferro mientras que los Concedentes se benefician del proyecto construido por TP Ferro y de dinero que permanece en sus arcas y que no le pertenece", advierten en un comunicado los asesores legales de la sociedad concursada, propiedad de ACS y Eiffage al 50 por ciento.
"El conjunto de situaciones que vive TP Ferro sigue poniendo en entredicho la credibilidad del Gobierno español y del Gobierno francés con inversores internacionales y en un momento de donde se van a lanzar nuevos planes de infraestructuras, pudiendo incluso suponer un riesgo para la llegada de nuevas inversiones desde el exterior ante la incertidumbre jurídica generada por la actitud de las autoridades españolas", alertan desde Quinn Emanuel y Gómez-Acebo y Pombo.
La administración concursal de TP Ferro presentó el pasado 14 de agosto una solicitud de arbitraje en Bruselas (Bélgica) en el que reclama a los países el pago de más de 500 millones de euros en concepto de una figura similar a la RPA que recoge el contrato de concesión. Esta cantidad incluye los más de 400 millones de deuda que soporta la sociedad controlada por ACS y Eiffage y los intereses de la misma. La cifra podría crecer sensiblemente, ya que en el arbitraje también se abre una puerta a reclamar por daños y perjuicios.
