La administración concursal de TP Ferro ha decidido pasar al ataque ante la negativa de los Estados de España y Francia a satisfacer una compensación por la rescisión anticipada de la concesión de la línea de alta velocidad entre Figueras y Perpignan. El pasado 14 de agosto presentó una solicitud de arbitraje en Bruselas (Bélgica) en el que reclama a los países el pago de más de 500 millones de euros en concepto de una figura similar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que recoge el contrato de concesión. Esta cantidad incluye los más de 400 millones de deuda que soporta la sociedad controlada por ACS y Eiffage y los intereses de la misma. La cifra podría crecer sensiblemente, ya que en el arbitraje también se abre una puerta a reclamar por daños y perjuicios.
TP Ferro entró en concurso de acreedores en septiembre 2015, tras no llegar a un acuerdo para reequilibrar la concesión, adjudicada en 2004, con las autoridades españolas y francesas y con los acreedores financieros. Un año después, el juez aprobó la liquidación de la sociedad. A partir de ahí, las partes se cruzaron acusaciones por incumplimientos del contrato. Tras rechazar la resolución solicitada por la sociedad en noviembre de 2016, el 16 de diciembre España y Francia rescindieron anticipadamente el contrato.
Han pasado casi dos años sin que hasta la fecha los Estados hayan respondido oficialmente con el cálculo de la RPA provisional. Según sostienen los asesores legales de la empresa, deberían haberla fijado "no más tarde" del 20 de junio de 2017. A principios de agosto, fuentes del Ministerio de Fomento trasladaron que estaban "ultimando la documentación, para la que se ha contado con el parecer de expertos independientes y próximamente se le hará llegar a la administración concursal con la liquidación correspondiente". No ha habido novedades desde entonces.
Los dos gobiernos tampoco han aportado claridad sobre su intención, manifestada públicamente por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de reclamar una indemnización a la empresa que, a su juicio, actuó con una "ligereza culpable" en el desarrollo de todo el proceso. En septiembre pasado, los ejecutivos de ambos países mantuvieron una toma de contacto para establecer el importe de su demanda, pero todavía no hay una decisión en firme.
Constitución del tribunal
Desde el bando de la administración concursal, ejercida por Arraut y Sala Reixachs, se ha iniciado el arbitraje "al no haber espacio para una posible solución amistosa". Acusa a las Administraciones no solo de no tener intención de iniciar un diálogo para intentar resolver sus reclamos, sino también de proceder "de forma unilateral y no transparente" en el cálculo de la RPA.
Según denuncia David Orta, experto de arbitrajes internacionales de Quinn Emanuel, que asesora al administrador concursal, los Estados "han tomado la actitud de dilatar y no participar en el procedimiento basándose en argumentos técnicos que no deberían valer en este momento en que estamos de constituir el tribunal". En el proceso también participa como asesor legal el bufete Gómez-Acebo y Pombo, con Fermín Garbayo a la cabeza.
Para la empresa, "queda claro que los gobiernos están haciendo todo lo posible para obstaculizar el inicio del procedimiento arbitral en Bélgica y de esa manera prorrogar y demorar indebidamente su obligación de pagar las compensaciones debidas a TP Ferro".
El tribunal ha de constar de cinco miembros de acuerdo con la legislación belga -con la ley española serían cuatro-. TP Ferro ya ha nombrado un árbitro y los gobiernos han de hacer lo propio con uno cada uno. Habrá además un presidente y un quinto con el que la sociedad quebrada confía en que "haya otra voz que pudiese optar por nuestros argumentos".
El objetivo del arbitraje, según explican Orta y Garbayo, es recuperar el principal activo de TP Ferro, que es la RPA por la inversión que la empresa -con el apoyo de entidades financieras- ejecutó, estimada en más de 800 millones, y sus intereses. Todo el pleito se circunscribe a la falta de viabilidad desde el punto de vista financiero del proyecto debido a que los gobiernos no cumplieron con el compromiso de construir las redes ferroviarias del Corredor Mediterráneo que conectarían con la sección internacional -el túnel de Perthús-, "piedra angular", por otra parte, del proyecto. Esto provocó que el tráfico apenas alcance el 20% de las previsiones. "Los Estados tenían la obligación de construir toda la infraestructura, porque si no, no tenía ningún sentido" la línea entre Figueres y Perpignan.
En su argumentario, los abogados del administrador concursal de TP Ferro también exponen la obligación, incumplida, de los estados de "priorizar" en sus políticas la sección internacional, "sin promover autopistas" que compitieran con el tren, como así hicieron, denuncian.
Asimismo, arguyen que los gobiernos español y francés "no adoptaron políticas a favor de la liberalización de los operadores de los trenes".
Sucede a los tres litigios en Ginebra
TP Ferro espera que en alrededor de dos meses se constituya el tribunal de arbitraje en Bruselas. Una vez resuelto, el proceso podría dilatarse más de dos años. Esta disputa sucede a los tres arbitrajes que en los últimos años ha presentado la sociedad de ACS y Eiffage, en Ginebra. En el primero (2014), reclamó 350 millones por sobrecostes en las obras de la línea ferroviaria -el 30% de los 1.200 millones presupuestados-. El tribunal lo rechazó. Un segundo arbitraje por daños no se pronunció sobre el incumplimiento del Gobierno pero condenó una leve compensación a la sociedad. En un tercero, la firma pedía 260 millones por el reequilibrio, pero desistió y ahora está en proceso de apelaciones.
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