Las hermanas Marta y Cristina Álvarez han ganado una primera batalla judicial ante la guerra abierta por el control del grupo con el resto de su familia. Su tía María Antonia Álvarez presentó una demanda para impugnar la adopción de ambas que llevó a cabo su hermano, Isidoro Álvarez, presidente del grupo hasta su fallecimiento en 2014. Aunque el juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid admitió esta primera demanda, ha frenado sin embargo el intento de otro de los herederos del grupo de sumarse a la batalla. Se trata de César Areces Fuentes, sobrino del Ramón Areces, segundo presidente de la empresa y gran impulsor de la misma.
César Areces recibió 53 millones de euros por su 0,68% tras una batalla judicial por el precio de las acciones que había mantenido desde 2006 y ha intentado ahora reabrir su particular batalla. La jueza ha dictaminado sin embargo que "no resulta acreditada la existencia de interés directo y legítimo en el resultado del pleito", cerrándole así las puertas.
La batalla, en cualquier caso, sigue abierta a la espera de que haya nueva fecha para la vista ante la demanda que presentó María Antonia Álvarez. La madre de Dimas Gimeno, destituido como presidente hace un año tras su enfrentamiento con las hermanas Álvarez, alega que el proceso de adopción de sus hijas fue ilegal, puesto que cuando se llevó a cabo eran ya mayores de edad.
Un problema fiscal
El problema radica en que si los tribunales la dieran la razón perderían las exenciones fiscales por la herencia de su padre al ser hijas directas y podrían verse obligadas a pagar cerca de 400 millones de euros al Fisco. Entre ambas controlan el 15% de El Corte Inglés a través de la patrimonial Iasa, en la que participan también Dimas Gimeno, María Antonia Álvarez y otro de los hermanos de ésta última, César Álvarez. Gracias a las bonificaciones en Madrid tributaron solo el 1% por el 68,4% de Iasa, que posee a su vez el 21% de El Corte Inglés. Si perdieran el juicio tendrían que tributar el 54%.
