El Gobierno avala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) controle la solvencia financiera de las empresas con actividades de transporte y distribución de gas y electricidad, y le solicita que incorpore un principio de prudencia financiera a la hora de elaborar su nueva metodología de retribución, algo acorde con el Anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética que rechazan las empresas.
El BOE publicó ayer la Orden TEC/406/2019, con las orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) al Regulador, al objeto de que las considere al elaborar las 13 Circulares -normas de obligado cumplimiento- que prevé tramitar durante este 2019 y que afectan a actividades energéticas con un valor de unos 10.000 millones al año.
Entre las recomendaciones del Miteco figura introducir "un principio de prudencia financiera" para los titulares de las redes de transporte y distribución de electricidad y de gas, así como para los titulares de las plantas de regasificación.
La CNMC ya sacó a información pública en enero un borrador de Circular para establecer seis ratios financieros cuyo cumplimiento avale la solvencia de esas empresas y se asegure con ello el cumplimiento de sus compromisos de inversión, operación y mantenimiento de las infraestructuras, a un coste razonable y evitando un impacto negativo en los consumidores, ya sea por un incremento de los precios finales o por el deterioro de la calidad de los suministros energéticos.
El propio Miteco prevé otorgar rango de Ley a la medida, al incluirla en la futura Ley de cambio climático y transición energética.
Las empresas, por el contrario, rechazan la medida. Aelec, la patronal de las cinco grandes eléctricas, pedía que desapareciese del articulado de la futura Ley en sus alegaciones, tal y como adelantó elEconomista, argumentando que no hay relación entre el nivel de deuda y el cumplimiento del Acuerdo de París, que la actividad de las agencias de rating -y la disciplina de accionistas e inversores- es suficiente garantía, y que su introducción podría causar un ruido innecesario que se traduciría en un incremento de costes financieros.
El Gobierno también plantea medidas del agrado de las compañías, como pedir que se incentive la extensión de las infraestructuras de red que hayan superado su vida útil retributiva, algo que tiene especial significado para REE, que se juega 300 millones en ingresos a partir de 2023, por la caducidad de los ingresos regulados de las instalaciones anteriores a 1998.
Rescatar las regasificadoras
Y llama la atención que el Miteco reclame, para la actividad de regasificación, que "parte de las inversiones en estas instalaciones puedan ser recuperadas por el uso de otras infraestructuras del sistema", es decir, que se use una subvención cruzada para cubrir el déficit de 150 millones anuales que registran las siete plantas del país, que, en conjunto, operan al 25% de su capacidad.
El Miteco aclara a elEconomista que aprovecha una disposición de la normativa comunitaria para pedir a la CNMC que sean todos los usuarios, en tanto que beneficiarios, los que sigan pagando el servicio.
El origen del déficit de las regasificadoras está en que el modelo español de desarrollo de las infraestructuras de transporte y regasificación garantiza sus ingresos; suceda lo que suceda, sus costes están cubiertos. Esto también lo quiere cambiar el Gobierno, y recomienda a la CNMC que el futuro marco retributivo de las instalaciones de transporte y regasificación que no sean indispensables "debería trasladar el riesgo de la demanda al promotor".
