El taxi andaluz ha presentado su propia ofensiva contra las VTC. El gremio se ha reunido hoy con la Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, con una propuesta de modificación de la ley de ordenación de los transportes terrestres (Ley 16/1987) bajo el bajo con la que pretenden impulsar la competitividad de su servicio y limitar la actividad de los vehículos de Uber y Cabify en provincias como Sevilla, Córdoba o Málaga, que es donde se concentra la mayor parte de las licencias.
Así, la propuesta presentada va un paso más allá de lo que los taxistas consiguieron en Barcelona y contempla que se considere que una VTC ha sido precontratada cuando transcurra un periodo de tiempo mínimo de 30 minutos entre la contratación y la recogida del pasajero de forma efectiva. También abre la puerta a que los distintos municipios puedan ampliar el intervalo de tiempo de la precontratación sin límite.
El gremio, mayoritariamente representado por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), también propone controlar y limitar el acceso a los aeropuertos y puertos de los vehículos que operan con Uber y Cabify y prohibirles circular o aparcar en superficie durante un tiempo superior al fijado por los distintos municipios. Una vez transcurrido ese periodo, las VTC tendrían que volver a la base. Dentro de las medidas de control para evitar la captación de clientes, las aplicaciones tampoco podrán mostrar o facilitar la geolocalización de los vehículos hasta que estos hayan sido precontratados.
Los ayuntamientos tendrán que limitar los horarios y fijar días libres obligatorios
Los taxistas, que también equipara las condiciones de acceso a la profesión a los conductores e las VTC con el de los taxistas, solicitan que la Junta habilite a los Ayuntamientos a limitar los horarios de trabajo y fijar días libres obligatorios a los vehículos, tal y como ha planteado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. También buscan que se limite o module el número de licencias VTC que pueden entrar en los cascos históricos, aeropuertos y estaciones de tren o autobuses. Es decir, que solo puedan entrar las que tengan un permiso especial. Ayuntamientos como el de Córdoba y Granada ya han intentado prohibir el acceso de las VTC a los cascos históricos y la medida fue tirada por la Justicia.
En cuanto a las medidas para potenciar la competitividad del taxi y modernizar su servicio, el gremio ha seguido los pasos del nuevo reglamento que va a aprobar la Comunidad de Madrid. Así, han solicitado a la Junta que permita la prestación de servicios de taxi compartido en los servicios precontratados; que abra la puerta a la determinación de la tarifa que se vaya a cobrar al usuario con antelación al inicio del viaje para servicios precontratados a través de app o medios telemáticos; que se amplíen los supuestos de tarifas fijas actualmente existentes a otros recorridos o áreas y que aprueben ayudas para convertir los taxis a eurotaxis y que se promuevan prácticas que mejoren la sostenibilidad medioambiental de la flota y del servicio.
