Cada día son más las voces críticas con la gestión de la Generalitat en el conflicto entre el sector del taxi y el de las VTC. Foment del Treball y Barcelona Oberta, dos de las principales asociaciones empresariales catalanas, se oponen directamente al acuerdo que la Conselleria de Territori cerró con los taxistas para poner fin a la huelga que bloqueó el centro de Barcelona. EN DIRECTO | Le contamos la última hora de la huelga del sector del taxi en su lucha contra las VTC
Tras seis días de protestas, el conseller Damià Calvet pactó con el sector del taxi la regulación -con entrada en vigor el pasado viernes 1 de febrero- del alquiler de vehículos con conductor, una normativa aprobada por el ejecutivo catalán vía Decreto-Ley que establece la obligación de precontratar las VTC con un tiempo mínimo de quince minutos de anticipación, la prohibición de estacionar los vehículos en la calle y sin el servicio de geolocalización previa.
El sector del taxi, con 12.549 licencias en Cataluña, acusa a los 2.418 vehículos con licencia VTC de competencia desleal. Les recriminan que, durante años y a través de plataformas como Uber y Cabify, han hecho sus funciones sin estar sujetos a la rígida normativa de servicio público y con una inversión económica muy inferior. Una licencia de taxi ya tiene, de media, un precio de 135.069 euros, mientras que el precio de una licencia VTC, incluso en la reventa, es muy inferior, de entre unos 30.000 y 50.000 euros, tal y como afirma el propio sector.
Según Foment del Treball, la nueva normativa aprobada por el Govern se podría haber tramitado y aprobado vía Proyecto de Ley, buscando un acuerdo plural entre todas las partes afectadas y con el apoyo y la opinión de todas las fuerzas políticas; una nueva normativa que defendiera los derechos empresariales y de la competencia. En este sentido, el director de Economía de la patronal catalana, Salvador Guillermo, advierte que "hacer una legislación en caliente no siempre es la mejor opción" y recuerda que "si no se alcanza un acuerdo entre todas las partes, la problemática se alargará en el tiempo".
Foment reivindica la proyección de Barcelona como "una ciudad moderna, emprendedora, tecnológica y digital", insistiendo que "su actividad innovadora y creativa no puede quedar al arbitrio de un conflicto sin resolver". Por ello, Guillermo asegura que era necesario un debate sereno para alcanzar un acuerdo duradero que no perjudicara a la economía catalana y el interés de los consumidores: "En el centro del debate tiene que estar el consumidor, él tiene que ser el rey en la economía de mercado, y por tanto debería poder escoger qué servicio de transporte urbano desea utilizar, de acuerdo con sus necesidades".
Pero, para el director de Economía de Foment, otra de las grandes preocupaciones tiene que ser la defensa de la imagen de Barcelona: "La ciudad tiene una capacidad de atracción turística impresionante y, en un contexto donde la competencia no para de crecer, debemos evitar -usando el lenguaje tenístico- los errores no forzados". En este sentido, según Guillermo, "el Mobile World Congress es un referente mundial y tenemos que protegerlo", asevera.
Esta opinión coincide con el punto de vista de Barcelona Oberta, la unión de ejes comerciales y turísticos de la capital catalana. Según su presidente, Gabriel Jené, "una ciudad moderna que acoge el Mobile no puede legislar contra la tecnología", y recuerda: "Vayas dónde vayas, te encuentras con Uber y Cabify. No podemos ir en contra del progreso, somos una sociedad avanzada y turísticamente muy moderna. Nuestros visitantes confían en las plataformas que usan los vehículos VTC, les son familiares, tenemos que buscar la comodidad de nuestros clientes".
Según Jené, la administración está regulando "a favor de un colectivo y en contra de otro", y esto no les "parece bien". Para el presidente de Barcelona Oberta, las nuevas tecnologías están irrumpiendo en todos los sectores. "Hay que ordenar y regular para resolver el problema, pero nunca hacer desaparecer una de las partes", sostiene Jené. Barcelona Oberta considera que la ciudad está emitiendo un mensaje contradictorio al mundo porque "por una parte, apuesta por ser ciudad líder en tecnología y, por otro, cierra el paso a la innovación en movilidad." Además, la entidad es muy crítica con la solución pactada entre la Generalitat y el sector del taxi por el tiempo mínimo de precontratación para las VTC, "que no existe en ninguna otra ciudad del mundo y supone un grave perjuicio para la comunidad de residentes y visitantes".
Desde el viernes, día de entrada en vigor del nuevo decreto, las plataformas Uber y Cabify no dan servicio en Cataluña, y las empresas de alquiler de vehículos con conductor que trabajan para ellas han anunciado más de 2.000 despidos -que calculan que pueden llegar a 3.500- y demandas multimillonarias contra la Generalitat.
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