La Generalitat de Cataluña ha presentado un plan descaifenado para limitar la actividad de las VTC, que finalmente se convertirán en taxis. Tras varias semanas estudiando su viabilidad jurídica y buscando el apoyo del Ministerio de Fomento, el Govern finalmente ha decidido limitar a 15 minutos el periodo que debe pasar entre la contratación del servicio de Uber y Cabify y la prestación efectiva del servicio.
El plazo de precontratación planteado es muy inferior al exigido por los taxistas, de entre 12 y 24 horas, y al prometido en un primer momento por el departamento de Territorio y Sostenibilidad, que abarcaba un rango de entre seis y doce horas.
Pese a que el decreto-ley recoge que para que "haya precontratación ha de transcurrir un intervalo mínimo de 15 minutos entre la contratación y el servicio", ésta abre la puerta a que los Ayuntamientos o las Áreas Metropolitanas "fijen otros intervalos de tiempo" siempre y cuando lo justifiquen "de acuerdo al ámbito previsto en el decreto-ley". Así, deja en el tejado de la AMB la pelota de elevar a seis horas el periodo, lo que sí que permitiría tanto a las CNMC como a las VTC paralizar la medida en los tribunales.
Deja en el tejado de la AMB la pelota de elevar a seis horas el periodo de precontratación
El plan de fijar una precontración con horas ha despertado muchas dudas legales dentro y fuera de la Generalitat y ha llevado a la patronal de las VTC a amenazar con denuncias. Los riesgos legales no han desaparecido ya que se plantea la duda de que fijar una precontratación para las VTC y no para el taxi puede ir contra la ley de la competencia.
La medida no ha gustado nada a los taxistas, que ya han dejado de prestar servicio en las dos terminales del aeropuerto de El Prat, y han convocado una huelga indefinida. Y es que, para el gremio precontratar con horas era fundamental para acabar con el servicio de Uber y Cabify en Barcelona y ahora con 15 minutos, aunque generará daños, el golpe no tendría que ser mortal.
Taxificar Uber y Cabify
Más allá del plazo de precontratación, el taxi critica que la propuesta presentada "institucionaliza el servicio de las VTC al convertirlo en taxi". "Ha hecho caso omiso a la directiva Bolkestein, que preserva de toda liberalización al transporte urbano, a las ambulancias y a los taxis. La Generalitat ha apostado por dos lobbies como Uber y Cabify y ha dado la espalda a 14.000 autónomos", asegura el Comité de Huelga del taxi de la AMB.
"La Generalitat ha optado por institucionalizar el servicio de las VTC al convertirlo en taxi"
Y es que, en línea generales el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña va encaminado a someter a las VTC a la misma normativa que el taxi. Así, aunque mantiene la prohibición de captar clientes en la calle, un segmento reservado para el gremio, sí que abre la puerta a que tengan que respetar las mismas limitaciones comerciales y de servicio que el taxi. En concreto, el texto habilita a los gobiernos locales a regular el tipo de vehículos que pueden usar Uber y Cabify, determinar la formación y aptitudes que tienen que tener los conductores, fijar los turnos y periodo de descanso, regular la contratación y ejecución de los servicio y el precio de los mismos.
A su vez, se les podrá aplicar un régimen específico para operar en los puertos y aeropuertos, como a los taxistas que tienen una tarificación extra, y regular el control y régimen sancionador de las mismas en el caso de que incumplan a alguna de las normativas.
En Madrid cada taxi sólo puede trabajar 16 horas al días y está obligado a librar un día entre semana
En el caso del taxi, cada ayuntamiento ha elaborado su propio reglamento para ordenar su actividad, lo que hace que existan casi tantas normas como consistorios. En Madrid, por ejemplo, cada taxi sólo puede trabajar 16 horas al días (dos turnos de 8 horas), está obligado a librar un día entre semana y sólo puede trabajar dos fines de semana al mes. A su vez, el ayuntamiento fija el color y el modelo del coche que deben usar y cada año se negocian las tarifas con la Comunidad de Madrid, donde se decide si suben o bajar y que complementos se mantienen. Así, en base a los principios que recoge el Decreto Ley, las VTC tendrían que pintar sus coches de un determinado color, y no podría trabajar determinados días a la semana.
Colau se desvincula del plan de Torra
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), de la que forma parte el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y que además está presidida por Ada Colau, se ha sumado al malestar de los taxistas. El organismo ha asegurado la que la propuesta de establecer 15 minutos de precontratación es "absolutamente insuficiente, difícil de controlar" y "desvirtúa el concepto y la finalidad de la precontratación", por lo que le ha animado a elevarla. Pero, lo que de verdad ha sentado mal a la AMB es que la Generalitat haya dejado en su tejado la opción de aumentar el plazo, ya que eso implica que sería el Ayuntamiento el que tendría que enfrentar las demandas y asumir el pago de indemnizaciones en el caso que decidiera poner un plazo de horas, como piden los taxistas.
Así, el organismo que dirige Ada Colau ha asegurado que en su reglamento "pondrá exactamente el mismo tiempo que diga la Generalitat en su ley". "El reglamento de la AMB incluirá el mismo termino de precontratación que finalmente se recoja en el decreto ley y no otro para evitar cualquier nueva impugnación que pueda supone la suspensión judicial del mismo", asegura la AMB en un comunicado. Y es que, Colau "considera impropio" que si el Govern da a entender que se puede ampliar el plazo de precontratación, este no lo incluya en el decreto.
Las VTC preparan una guerra judicial
El texto de la Generalitat no ha gustado a nadie, tampoco a las VTC, que ya han amenazado con recurrir la decisión del Govern de imponer 15 minutos de precontratación a las VTC. La idea es llevar la decisión al Tribunal Constitucional por la vía indirecta. "Generar artificialmente un periodo de espera no tiene sentido y no se justifica. Sólo perjudica al usuario", explica a este diario Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto. En este punto, la patronal defiende que la limitación de 15 minutos supondría "el fin del sector" y ha recordado que en Francia ya se rechazó la legalidad de una medida igual a la impuesta por Cataluña.
El sector de las VTC tiene claro que ni los ayuntamientos ni las CCAA pueden actualmente regular su actividad puesto que el RDL 13/2018 blinda su actividad su durante al menos cuatro años (se puede elevar a seis), por lo que cualquier medida que busque limitar sus horarios o precios, es decir, que los convierta en taxis, será recurrida ante la justicia, a la que reclamarán como mínimo 1.100 millones de euros que tendrá que abonar la administración que aplique el cambio normativo. Un riesgo que nadie quiere asumir. La cifra no incluye una posible indemnización por daño emergente ya que la nueva ley catalana puede suponer el cierre de empresas.
