La Generalitat de Cataluña tienen muchas dudas sobre la legalidad del decreto-ley que ultima para expulsar a Uber y Cabify del centro de Barcelona, donde se concentran el 94,4% de las VTC de la región. El texto que el Govern se ha comprometido a enseñar mañana a los taxistas debe obligar a precontratar los servicios de Uber y Cabify con entre seis y doce horas de antelación, una medida que no tiene muy claro que pueda aprobar sin acabar en los tribunales y que terminaría de facto con la actividad del sector de las VTC, donde el 95% de las precontrataciones son inmediatas.
Así, la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña ha preparado una batería de preguntas al Ministerio de Fomento con el objetivo de que le aclare si puede o no puede limitar la precontratación previa por ley. Las cuestiones se han empezado a dirimir esta mañana en la sede de Ministerio, donde ha tenido lugar la reunión que cada mes se celebra entre las direcciones generales de transporte de las distintas CCAA y Fomento.
En concreto, la Generalitat le ha preguntado explícitamente al departamento que dirige José Luis Ábalos si las condiciones de precontratación a las que se refiere el Real Decreto Ley 13/2018 "incluyen la posibilidad de fijar un periodo de tiempo entre la contratación prevista y la prestación efectiva del servicio". En esta línea, también quiere que Fomento le aclare si se estaría "cumpliendo el requisito de proporcionalidad exigido por el Real Decreto-Ley" si el Gobierno autonómico estableciera "un periodo de horas determinado" para todo su territorio.
En este punto, también pide que se le aclare si se ajustaría más a la ley de proporcionalidad si el requisito por horas se fijara en "un ámbito territorial concreto, como puede ser el de una ciudad o ámbito metropolitano". Es decir, si se ajusta más a la legalidad que en vez de que el límite concreto de horas se fije en el decreto-ley, tal y como exigen los taxistas, se deje en manos de la AMB. El gremio quiere se incluya en el decreto para evitar que pueda ser recurrido y paralizado por la vía judicial ordinaria.
"¿Debería fijarse la limitación por ámbitos territoriales concretos, como un ámbito metropolitano?"
La Generalitat pregunta a su vez, si tanto ella como el Ayuntamiento pueden "ordenar y regular las condiciones de explotación de los servicios VTC en los mimos términos y con la misma intensidad".
Además de la Generalitat, Valencia y Madrid también ha hecho algunas preguntas sobre el alcance de las regulación de las condiciones de explotación de las VTC mediante los decretos ley que puedan preparar. Madrid, por su parte solo ha preguntado por las modificaciones legislativas del sector. En este punto, hay que apuntar que según el articulo 14 de las normas generales de la delegación, las CCAA solo pueden ejercer la potestad normativa "respetando las normas promulgadas por el Estado y sus criterios de aplicación establecidos".
Fomento, de perfil
Fuentes cercanas al encuentro explican la Generalitat está buscando el respaldo de Fomento para aprobar la ley y así evitarse un recurso ante el Tribunal Constitucional y las posibles responsabilidades económicas a las que tuviera que hacer frente por limitar la actividad de Uber y Cabify. Un respaldo o aclaración que no parece haber conseguido ya que Fomento se ha limitado a animar a la Generalitat a leerse la ley, ya que "todo está muy claro en el Real Dectreto Ley 13/2018".
Oficialmente, Fomento ha aclarado que la reunión de directores generales no es el foro para que Fomento autorice ninguna normativa al respecto y que tampoco es la función de dicha subcomisión. Aun así, ha recordado que la la obligatoriedad de pre-contratación de los servicios VTC ya se recoge en la normativa vigente y el real decreto ley 13/2018 "habilitó a las comunidades autónomas para modificar las condiciones de explotación de estos servicios, entre las que se encuentran las condiciones de pre-contratación". Es decir, que pueden regularla pero se deben sujetar a la legislación vigente. Así, han evitado posicionarse sobre las horas.
En este punto, estas mismas fuentes explican, que el Ministerio está más a favor de que los reglamentos de las CCAA no incluyan nada concreto sobre horas ni precontratación, dejando el desarrollo en manos de los Ayuntamientos. Si el Govern finalmente no incluye las horas se enfrenta a unos paros masivos por parte de los taxistas de Barcelona.
A su vez, Fomento busca que los reglamentos sean lo más homogéneos posibles en todas las CCAA por lo que no quiere que la regulación de Cataluña sea muy diferente a la de Madrid, que acaba de anunciar una "reforma express" de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres "encaminada en la defensa de los derechos de los taxistas".
Huelga y "ley express" en Madrid
El presidente regional, Ángel Garrido, ha decidido dejar de esperar a que se tramite como ley el Real Decreto 13/2018 después de que los taxistas de Madrid votaran secundar una huelga indefinida para bloquear la Feria de Fitur, que se celebra la semana que viene. La Comunidad se reunirá el lunes con los taxistas para plantearles la propuesta y el nuevo reglamento. Así, todo apunta a que para que la reforma esté lista antes del 30 de marzo, que es cuando se cierra la Asamblea por las elecciones, se tendría que tramitar la proposición de ley como lectura única, es decir, que se apruebe el texto sin enmiendas. Un proceso que solo podrá hacer si Podemos y PSOE apoyan el texto del PP ya que Ciudadanos ha dicho que no lo va a apoyar. Pese a este gesto de última hora, Miguel Ángel Leal, de Fedetaxi, ha asegurado que el anuncio del presidente de la Comunidad "no va a hacer que se desconvoque la huelga" y ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Manuela Carmena para que mueva ficha.