Tras la absorción de Popular, Banco Santander hereda todas las responsabilidades judiciales, entre ellas, la macrocausa que la Audiencia Nacional instruye contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho por falsedad societaria y administración desleal, manipulación del mercado y apropiación indebida en el marco de la ampliación de capital de la entidad en 2016.
El nuevo instructor, José Luis Calama Teixeira, que sustituye a Fernando Andreu, ha tomado su primera decisión en el asunto judicial de Banco Popular, y ha considerado que en la causa, Santander deberá responder penalmente por los citados hechos tras haber comprado Popular a mediados de 2017. Fuentes cercanas al proceso consultadas por Europa Press aseguran que se recurrirá la imputación al considerar que no cabe hacer responsables al actual equipo del Santander de los posibles errores de gestión cometidos por otros directivos.
El escueto auto de la Audiencia Nacional señala que varios perjudicados por la ampliación han solicitado dirigir el procedimiento judicial contra Banco Santander "al haber tenido lugar a efectos jurídicos la fusión por absorción de Banco Popular". De esta manera, el juez ha acordado la sucesión procesal a favor del banco presidido por Ana Botín.
Calama recuerda que Santander ha absorbido y adquirido "en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo de Banco Popular". Y por ello, añade el instructor, "la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se entenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión".
Hay dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado
A mediados de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación, ejecutada por el FROB a instancias del BCE, y posteriormente, Santander se hizo con la entidad presidida por Saracho en aquel entonces por un euro.
En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra Ron y Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria y administración desleal, manipulación del mercado y apropiación indebida.
El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
CAM y Bankia, los antecedentes
No se trata de la primera vez que un banco que ha llevado a cabo una fusión con otra entidad ha tenido que asumir responsabilidades de la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la CAM, en la que estuvo acusado Banco Sabadell, al final exonerado.
También en la vía civil se han dado otros casos con Bankia como protagonista, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas de conductas del Banco de Valencia, en manos de Bancaja.
