La Generalitat de Cataluña ha pedido más tiempo al sector del taxi para aprobar el decreto-ley que asestará un golpe mortal a Uber y Cabify en Barcelona. El departamento de Territorio y Sostenibilidad ha llamado esta mañana al líder de Élite Taxi, Alberto Álvarez, para comunicarle que necesita una semana más plazo para trabajar en el texto y tramitarlo correctamente por lo que se descarta que se vaya a aprobar el martes que viene, tal y como estaba previsto.
Y es que, el decreto-ley que busca obligar a contratar los servicios de las VTC con horas de antelación tiene que pasar el martes por el Consell de Govern para que revise el texto y posteriomente, entre el jueves y el viernes, se enseñará al sector del taxi y la patronal de las VTC, Unauto. Desde Élite se insiste en que la Generalitat sólo quiere seguir el procedimiento legal para evitar que el texto se tumbe por un "tema formal".
"Es un tema de plazos y de seguir los procedimientos legales adecuados para que no puedan tumbar el decreto-ley. No ha habido un cambio de actitud por parte de la Generalitat que ha reiterado que lo quieren hacer y lo van a hacer. Yo confío en el conseller de Territori, Damià Calvet. Cumplirá su palabra", aseguró el portavoz y líder de Élite Taxi, Alberto Álvarez, en un comunicado al gremio en el que les pedía "calma y paciencia". "No hay que volverse loco. Para volvernos locos ya habrá tiempo", aseguró.
"La Generalitat ha reiterado que lo quieren hacer y que lo van a hacer"
A la espera de que el Govern cumpla su palabra, Élite descarta la convocatoria de huelgas aunque deja la puerta abierta a organizar una asamblea si el proceso se retrasa más para activar los paros previstos y bloquear el Mobile World Congress, tal y como se ha advertido en más de una ocasión. Por su parte, el departamento de Territorio y Sostenibilidad no ha querido proporcionar ninguna información al respecto y no ha confirmado ni desmentido el contenido del decreto-ley sobre el que "sigue trabajando"
Pese a que la Autoridad de Competencia Catalana ya advirtió ayer de que ve "discriminatorio y restrictivo" imponer un periodo mínimo de precontratación y amenazó con "impulsar las acciones pertinentes" si se aprobaba el decreto-ley, parece que la Generalitat no tiene intención de dar marcha atrás a sus planes y dentro de unos diez días cambiará la ley catalana para fijar un periodo de mínimo de precontratación de las VTC de entre seis y doce horas.
Más allá de las advertencias de las Competencia, el decreto-ley que ultima el departamento de Territorio despierta una serie de dudas legales que pueden llevar al texto a quedarse bloqueado en el Tribunal Constitucional. Sobre todo si el Gobierno de Pedro Sánchez lo recurre ya que, según fuentes jurídicas, vulneraría competencias del Estado.
Las amenazas de denuncias también han llegado por parte de las VTC que ya están trabajando en una batería de recursos para frenar la medida y lograr indemnizaciones por más de 1.000 millones sólo en Cataluña.
