El Gobierno ha decidido que durante todo el año 2019 las gasolineras sigan vendiendo gasolina de 95 octanos, técnicamente denominada "gasolina de protección". Se trata de la tercera prórroga que experimenta la venta de este carburante -originalmente estaba previsto que desapareciera en 2013-, que deben consumir los vehículos más antiguos para evitar problemas en el motor. Se prevé que la medida ahorre cerca de 500 millones a los consumidores, que de otro modo tendrían que repostar con gasolina de 98 octanos, cuyo precio es unos 13,4 céntimos de euro por litro más elevado. El ahorro medio por usuario rondará los 140 euros al año.
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), a 31 de diciembre de 2017 había 10 millones de vehículos de gasolina circulando por el país; de ellos, 3,5 millones se habían matriculado antes del año 2000 y sus motores deben funcionar con carburante de 95 octanos, esto es, con un contenido máximo de oxígeno del 2,7% en masa y un 5% máximo de etanol en volumen. En caso contrario, puede dificultar la conducción y producir pérdidas de potencia o un funcionamiento inestable por la irregularidad del flujo del combustible.
Los automóviles posteriores a esa fecha pueden repostar indistintamente con gasolina de 95 o de 98 octanos. Esta última tiene mejores tratamientos químicos, mejores aditivos, menos azufre y está más refinada; su contenido máximo de oxígeno en masa es del 3,7% y el de etanol en volumen alcanza el 10%. Algunos fabricantes la recomiendan para sus vehículos más potentes -normalmente se indica en la propia tapa del depósito-, y es habitual cuando el motor tiene una compresión superior a 10,5:1.
Bruselas estableció que se debía garantizar la venta de gasolina 95 hasta 2013, pero permite las prórrogas
La normativa europea, la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, establece que los estados miembro deben garantizar la comercialización de gasolina de 95 octanos hasta 2013, aunque permite que se prorrogue la exigencia si lo consideran oportuno.
La legislación española recogió el mandato y fijó el límite en 2013, pero cuando llegó ese año el parque de vehículos de gasolina anteriores al año 2000, según la DGT, ascendía a 5,9 millones, alrededor del 40% del total. Ante esta situación, el Gobierno decidió prorrogar durante tres años, hasta 2016, la obligación de suministrar gasolina de 95 octanos. Y llegado este ejercicio, se volvió a prorrogar durante dos años más, hasta el pasado 31 de diciembre.
Pero España tiene uno de los parques de automóviles más avejentados de la UE, con una media de 12,2 años, y a finales de 2017 el número de vehículos de gasolina anteriores al año 2000 todavía era muy significativo, el 35% del total consumidor de este carburante, según la DGT, y el 31% según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) .
La tendencia de sustitución del parque de vehículos, según los datos de Anfac es del 2,5% anual, de modo que durante el presente 2019 el total de automóviles que todavía requerirán gasolina de protección se situará en el entorno del 27,5%.
En consecuencia, el Gobierno se planteó prorrogar la obligación de servir gasolina de protección durante seis meses más, hasta el próximo 30 de junio, según recogía el borrador de la Orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019.
La CNMC pide más plazo hasta que se renueve el parque de vehículos
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su preceptivo informe sobre esta propuesta normativa, pidió extender ese plazo, tanto porque todavía hay un porcentaje muy elevado de vehículos que requieren la gasolina de protección, como porque la senda de modernización del parque de vehículos "podría no llegar a producirse en tu totalidad, en atención al ya constatado descenso de las ventas de automóviles en los últimos meses, motivado fundamentalmente por el retraso en las decisiones de compra de los conductores ante las nuevas directrices que podrían marcar la política energética en el medio plazo, tanto en España como en el seno de la UE, en relación al transporte por carretera". En consecuencia, reclamó extender el plazo previsto para la prórroga.
El Gobierno ha atendido a su petición, y en la La Orden TEC/1367/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2019, publicada el pasado 22 de diciembre, incluye en su disposición adicional segunda la ampliación hasta el 31 de diciembre el plazo en el que deberán estar disponible la gasolina de 95 octanos.
En la memoria de impacto de la Orden, el Gobierno muestra su preocupación por el hecho de que la supresión de la gasolina de protección afectaría a los usuarios de los vehículos más antiguos, "normalmente asociados a un menor poder adquisitivo", que tendrían que adquirir gasolina con mayor octanaje. No entra en las consideraciones mecánicas, pero ofrece un cálculo del impacto económico de la medida.
Supone 13,4 céntimos de ahorro en cada litro en comparación con la de 98 octanos
Según sus cuentas, en el año 2017 el precio de venta al público de la gasolina de 95 octanos fue de 1,218 euros por litro, mientras que el de la gasolina de 98 octanos fue de 1,352 euros por litro, es decir, una diferencia de 13,4 céntimos en cada litro. Considerando un consumo medio de gasolina por vehículo de 7 litros cada 100 kilómetros y una distancia media anual de 15.000 kilómetros, el ahorro por usuario sería de 140,7 euros por año. Teniendo en cuenta la medida afecta a unos 3,5 millones de vehículos, el ahorro total -o el incremento de gasto evitado- sería de 492,5 millones de euros al año.