Cientos de funcionarios de prisiones están faltando desde este domingo a sus puestos de trabajo en lo que podría ser una huelga encubierta convocada extraoficialmente por los sindicatos y en un intento por conseguir la reapertura de las negociaciones sobre la subida salarial del colectivo. "Se están presentando ausencias laborales de forma masiva", explican fuentes penitenciarias, que temen que se ponga en riesgo la seguridad de las cárceles si la situación se prolonga.
En las prisiones en las que más se está notando esta huelga encubierta es en Albolote (Granada), en Villena (Alicante), en Arrecife (Lanzarote), en Campos del Río (Murcia), en Picassent (Valencia), en el Centro Penitenciario Santa Cruz de Tenerife II y en los dos Puertos, Puerto de Santa María I y III (Cádiz).
En el caso de Picassent, uno de los ejemplos de cárceles más afectadas por esta ausencia laboral, "de los 118 funcionarios que tenían que entrar a trabajar hoy han faltado 66". Es decir, casi el 56% de la plantilla.
Desde instituciones penitenciarias explican que los funcionarios que están presentando las ausencias laborales pertenecen a la sección de vigilancia interior del centro. Y son ausencias laborales y no bajas médicas - estas últimas requieren un informe médico-, por lo que no pueden faltar más de tres días al trabajo.
"Estas ausencias podrían alterar el funcionamiento de las cárceles y poner en riesgo la seguridad de las mismas. Se están tomando decisiones al respecto, como doblar los turnos a los funcionarios que sí han ido a trabajar o suspender los permisos y vacaciones", explican.
Instituciones penitencias insiste en que están "intentando que esta situación no repercuta en los servicios que ofrece la prisión"
Sin embargo, insisten en que de momento, la situación está controlada y los funcionarios están garantizando el buen servicios de las prisiones. Tampoco ha habido más incidencias de lo habitual. "Estamos intentando que esta situación no repercuta en los servicios que ofrece la prisión, como por ejemplo las visitas", añaden.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avisado este miércoles de que las bajas médicas de funcionarios de prisiones que no sean reales conllevarán responsabilidades penales. Ortiz ha señalado que el organismo trabaja para dilucidar si se encuentra ante una huelga encubierta y ha recordado que los sindicatos de trabajadores penitenciarios ya plantearon una "semana de la salud" para diciembre.
Instituciones penitenciarias también ha insistido en que se tomarán "las medidas legales correspondientes". "Si se ve que esto no corresponde una situación de salud real, la ley ampara para tomar tanto medidas disciplinarias como legales", sentencia.
No obstante, el portavoz del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios de Prisiones (CSIF), José Manuel Couso, ha negado que exista una huelga encubierta en las cárceles españolas y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por poner en duda la profesionalidad del colectivo de funcionarios de prisiones.
El sector se encuentra en medio de un conflicto laboral que llevó el pasado mes de noviembre a los funcionarios de prisiones a su primera huelga general en democracia. Entre otras cosas, solicitan la subida salarial del colectivo.
