Juan Lasala, consejero delegado de Red Eléctrica de España (REE), afirma con rotundidad que "para que España pueda acometer con éxito el proceso de transición energética, la compañía podría invertir en España de 800 a 900 millones de euros anuales en varios de los ejercicios de la próxima década".
Lasala, en declaraciones exclusivas a elEconomista, adelanta que este importe, que podría alcanzar los 7.000 millones hasta 2030, estaría dentro del límite legal otorgado a la inversión anual en infraestructuras de transporte, fijado en el 0,065 por ciento del PIB, puesto que este límite excluye las actuaciones singulares, como las interconexiones internacionales o los cables submarinos que conectan las islas o entre sí o éstas y la península.
"Aún no lo tenemos claramente definido, porque no está listo el próximo Plan estratégico de la empresa -señala-, pero prevemos que haya más inversión que ahora al principio de la década, que haya una punta en los años centrales, y que se modere en los últimos ejercicios".
Y añade que ese volumen de inversión concuerda con los cálculos de varias consultoras: "alrededor de una cuarta parte de toda la inversión prevista en las redes eléctricas para la próxima década, unos 30.000 millones, le corresponde al transporte". Buena parte de ese capital se destinará a incrementar la inteligencia de las redes, con la intención de que puedan transportar más energía y puedan prestar servicios adicionales.
Acelerar las tramitaciones
Pero para que esa inversión se materialice en los plazos adecuados, para ir acompasando el despliegue de nuevas instalaciones de generación renovables y de los cambios previstos en la demanda, "es preciso acelerar los plazos de las tramitaciones administrativas", tanto en el plano del Gobierno central como en el de las autonomías, "y así lo estamos solicitando". Plantea la posibilidad de que se incrementen las declaraciones de utilidad pública "o como sucede en Canarias, donde las declaraciones de interés general reducen los plazos para obtener los diferentes permisos".
En relación al descenso de la inversión materializada durante el año pasado en relación a la prevista, del 44%, sobre la que ha llamado la atención la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Lasala explica que hay un decalaje entre el desembolso de capital y la puesta en servicio de las instalaciones, que es el dato manejado por el regulador: "nosotros tenemos que remitir a la CNMC un informe con la previsión de las infraestructuras que vamos a poner en servicio durante el siguiente ejercicio, para que el regulador calcule los peajes correspondientes, y cuando se produce algún retraso en alguna obra relevante, tiene mucha importancia".
El año pasado, concretamente, influyó la suspensión de una línea en Fuerteventura por orden judicial y el retraso de la puesta en marcha de una subestación en esta misma isla, "que se aprobó en enero de este año en vez de diciembre del anterior, y suman unos 100 millones entre ambas infraestructuras".
Además, puntualiza, "la CNMC contempla toda la inversión en el año en que se pone en servicio", de modo que sus cálculos registran variaciones relevantes respecto a las cifras de inversión contable de las empresas. Así, hasta el final no tendrá en cuenta los 600 millones destinados a la interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya.
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