Tras cinco años de conflicto con los trabajadores del centro logístico que Coca-Cola European Partners tiene en Fuenlabrada (Madrid), la embotelladora ha alcanzado un principio de acuerdo para sellar la paz. Según ha informado CCOO, la compañía se ha comprometido a "retornar a un proyecto fabril en la zona centro, en un radio de 70 kilómetros alrededor de Madrid, en un plazo de dos años para todos los trabajadores menores de 58 años". La compañía puntualiza, sin embargo, que lo que se va a hacer es abrir un plazo de dos años para estudiar la idoneidad de un proyecto logístico-industrial, siempre que las condiciones de mercado así lo permitan. De hecho, en el grupo entienden que la decisión solo se puede tomar siempre y cuando sea posible dentro de la estrategia industrial y logística a nivel europeo.
Como parte del acuerdo, los trabajadores se han comprometido también a retirar las 160 demandas individuales que habían presentado contra la empresa para exigir que se les garantizara el mismo puesto de trabajo que tenían antes.
Hay que tener en cuenta que el pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de CCOO contra la sentencia del Supremo que avalaba la readmisión de empleados de Coca-Cola en Fuenlabrada en el centro logístico que se abrió para sustituir a la fábrica.
El Alto Tribunal fundamentaba la inadmisión del recurso dada la "manifiesta inexistencia de violación de derechos o libertades fundamentales".
La compañía se ha compromtei
Juan Carlos Asenjo, el líder sindical que abrió la batalla contra la compañía, explica que "ante la posibilidad de que Coca-Cola no cumpla con ese compromiso de instalar una fábrica en base a su historial de no someterse a cumplir las resoluciones judiciales desde 2014 en Fuenlabrada, se ha incorporado al preacuerdo un plan social como garantía individual para toda la plantilla para ese supuesto". Todo ello, según dice, "puesto que la plantilla será 7 años mayor que cuando estalló el ERE y el conflicto y la edad estaría en una media de 55 años". Así en el caso de que la planta no se abriera, los trabajadores menores de 52 años cobrarán el 80 por ciento del salario neto y los mayores el 93 por ciento hasta su jubilación. Para los mayores de 61 habrá, en cambio, una extinción de contrato con un pago único pactado como indemnización.
El cierre de la planta madrileña se ejecutó a mediados de 2014 en un ERE que afectó a 821 personas y conllevó el cierre además de las fábricas de Mallorca, Alicante y Asturias.