El Ministerio de Sanidad está decidido a aprobar un impuesto a las bebidas azucaradas, similar al que hay ya en Cataluña y con el que pretende recaudar 200 millones de euros.
En el Gobierno consideran que la autorregulación puesta en marcha por el sector no está funcionando para reducir los índices de obesidad y que, además, el impuesto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión Europea, que está dando resultados satisfactorios en el mercado catalán, con una reducción del consumo de alrededor del 20 por ciento, según varios informes de la Universidad Pompeu Fabra y la Juan Carlos I. "Estamos trabajando en todas las líneas", se limitó a decir la ministra Carcedo el pasado lunes cuando se le preguntó por el tema.
Pese a lo que opina el Ministerio de Sanidad, la industria alimentaria considera, sin embargo, que se trata de una medida puramente recaudatoria, que no ha tenido hasta ahora ningún impacto en el consumo, tal y como lo demostrarían sus últimos datos de ventas. El pasado mes de abril, el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Joan Rigau, defendió ya que es el propio consumidor quien avanza hacia bebidas sin azúcar, y de hecho el 30 por de los refrescos en España es light.
Demonizar una categoría
"Este impuesto demoniza una categoría que solo representa el 2 por ciento de la ingesta de calorías, por lo que no es una solución a la obesidad o la diabetes", aseguró entonces Rigau. En el periodo 2005-2016 la industria de bebidas refrescantes ha reducido ya el azúcar puesto en el mercado un 28 por ciento, y el sector se ha comprometido además a recortar un 10 por ciento adicional hasta 2020 en el marco de un acuerdo con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad.
Para Sanidad un problema añadido es que, por ahora, no hay tampoco ningún consenso al respecto con Hacienda, que no contempla un nuevo impuesto en este sentido. De hecho, ésta es otra de las razones por las que la ministra Carcedo ha preferido aplazar durante un año la posible aprobación de la nueva tasa, en un momento además de debilidad del consumo.
