Cataluña

El impuesto catalán a los refrescos no afecta a las ventas

  • Los fabricantes quieren proponer su retirada a la próxima Generalitat
  • Defienden que el tributo no combate la obesidad y "demoniza" estas bebidas
  • Los nuevos lanzamientos tienen menos azúcar y calorías
Josep Puxeu y John Rigau. Foto: Luis Moreno

El impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas que entró en vigor en mayo de 2017 no ha afectado a las ventas de las empresas del sector, según la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra).

En un encuentro con prensa en el salón Alimentaria de Barcelona, el director general de la entidad, Josep Puxeu, quitó hierro a un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que apuntaba a una caída del consumo del 22 por ciento; adujo que tomaba como muestra una sola cadena de supermercados y un periodo limitado de tiempo en un sector que es estacional. "Puede que alguna categoría concreta sí haya sufrido un impacto, pero el sector se mantiene estable", sostuvo.

La facturación en España en 2017 fue de 4.600 millones de euros, un 0,3 por ciento más, y las bebidas light crecieron un 4 por ciento, siguiendo la tendencia de los últimos años. Actualmente, el 30 por ciento de los refrescos de España son light, y el sector prevé que lleguen al 40 por ciento del total en 2020. Además, el 90 por ciento de la publicidad de refrescos actual corresponde a versiones sin azúcar y sin calorías.

La industria de las bebidas refrescantes ha reducido el azúcar en sus productos en un 28 por ciento entre 2005 y 2016, y tiene el compromiso con el Ministerio de Sanidad para reducir un 10 por ciento adicional entre 2017 y 2020.

El presidente de Anfabra, John Rigau, insistió en que el impuesto catalán no sirve para combatir la obesidad -como defendía el Govern de Carles Puigdemont- porque los refrescos "solo suponen el 2 por ciento de la ingesta diaria de calorías" en España, pero en cambio "demoniza" estos productos.

Los fabricantes defienden que la clave está en difundir hábitos de vida saludables para educar al consumidor y que esté bien informado a través del etiquetaje de los productos, y quieren proponer al próximo gobierno catalán la retirada de este tributo, que de mayo a septiembre recaudó 22,7 millones.

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