El ministerio de Sanidad planteó el miércoles de la semana pasada a las comunidades autónomas en el marco de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial la posibilidad de imitar a Cataluña e implantar un impuesto a las bebidas azucaradas a nivel nacional. Este lunes, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, dejó la puerta abierta a la aprobación de esta tasa al admitir que es una de las recomendaciones recogidas por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea en la lucha contra la obesidad.
"Estamos trabajando en todas las líneas", aseguró Carcedo. A la espera de la reunión el próximo jueves del Consejo Interterritorial de Sanidad, con la presencia de los consejeros autonómicos, en principio las gobernadas por el PSOE están a favor de la medida y las del PP en contra.
El impuesto catalán a las bebidas azucaradas ha recaudado hasta septiembre el 43,7% de lo previsto para todo el año. La Generalitat ha captado en total 28,15 millones en los nueve primeros meses, frente a los 64,3 millones que tiene presupuestados para el conjunto del año.
Aunque desde la industria prefieren por ahora mantener la cautela y no hacer ningún tipo de comentario, fuentes consultadas por este periódico explican que en el Gobierno están decididos a implantar en cualquier caso nuevas medidas porque entienden que lo aprobado hasta ahora en el marco de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), en colaboración con la industria, no está dando los resultados esperados.
De momento, la ministra de Sanidad anunció un nuevo paquete de medidas, que incluyen un nuevo modelo de etiquetado frontal, conocido como el Nutriscore, que mediante un código de colores -entre el verde y el rojo, a modo de semáforo- "facilitará a los ciudadanos una información más precisa sobre la calidad nutricional", según Carcedo. "El actual etiquetado nutricional, aunque ha sido un avance muy importante, no es suficiente, ya que resulta complejo de entender", resaltó la ministra.
En la misma línea, se instaurarán medidas en colegios e institutos para impedir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en azúcar, ácidos grasos saturados y trans, sal y calorías; se limitará la publicidad de los alimentos poco saludables diriga a menores de 15 años mediante el Código PAOS de autorregulación de la publicidad y se desarrollarán guías sobre las contrataciones públicas para impedir la presencia de alimentos no saludables en instituciones o centros públicos.
Sanidad contempla ratificar admeás acuerdos con las empresas para reducir una media del 10% los azúcares añadidos, sales y grasas saturadas hasta 2020.
