El Gobierno tiene ya sobre la mesa un nuevo impuesto al consumo. En esta ocasión para gravar las bebidas azucaradas, bajo la excusa de un supuesto control de la obesidad. Los primeros cálculos apuntan a que la recaudación, sin embargo, sería muy pequeña, de tan solo 200 millones de euros,y a repartir además entre todas las comunidades autónomas. Y es que, de acuerdo con las fuentes consultadas, Pedro Sánchez quiere evitar a toda costa un nuevo enfrentamiento con Cataluña, por lo que transferiría la tasa a cada una de las autonomías, con lo que la Generalitat podría seguir recaudando el mismo concepto.
En Cataluña, sin embargo, el efecto no ha sido el esperado, según la industria. De acuerdo con los datos del sector el impuesto a las bebidas azucaradas apenas ha tenido ninguna repercusión sobre el consumo y su recaudación ha sido mucho menor de la esperada. Este año, de hecho, hasta septiembre el Gobierno catalán ingresó solo el 43,7% de lo previsto para todo el año y eso teniendo en cuenta que los meses de primavera y, sobre todo, verano es cuando la recaudación es mayor.
La Generalitat ha captado, en concreto, 28,15 millones de euros en los nueve primeros meses, frente a los 64,3 millones que tiene presupuestados para el conjunto del año. Dos estudios independientes, uno de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y otro de la Carlos III de Madrid sí que reconocen, sin embargo, que el consumo de bebidas azucaradas ha caído. En el primer caso se estima en un 22 por ciento, en el segundo se habla de un 25 por ciento menos en el número de consumidores habituales.
El pasado mes de abril, el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Joan Rigau, defendió ya que es el propio consumidor quien avanza hacia bebidas sin azúcar, y de hecho el 30 por de los refrescos en España son light. "Este impuesto demoniza una categoría que solo representa el 2% de la ingesta de calorías, por lo que no es una solución a la obesidad o la diabetes", aseguró entonces Rigau. En el periodo 2005-2016 la industria de bebidas refrescantes ha reducido ya el azúcar puesto en el mercado un 28%, y el sector se ha comprometido además a recortar un 10% adicional hasta 2020 en el marco de un acuerdo con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad.
De acuerdo con las fuentes consultadas por elEconomista y pese a estos hechos, la ministra María Luisa Carcedo parece decidida a implantar la tasa, lo que ha hecho saltar las alarmas no solo en el sector de los refrescos, sino también en la industria azucarera.
Cuando el pasado martes Carcedo planteó un plan de medidas para la lucha contra la obesidad, con la implantación de un nuevo etiquetado basado en códigos de colores y limitaciones a la publicidad, la propuesta de gravar con una nueva tasa los refrescos estaba, de hecho, incluida y fue retirada a última hora.
Y es que la titular de Hacienda se ha comprometido con la industria a estudiar el impuesto con detalle antes de anunciarlo. "Estamos trabajando en todas las líneas", reconoció el martes al ser preguntada por la tasa y después de admitir que es una de las recomendaciones no solo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino también de la propia Comisión Europea.
Pese a que, de acuerdo con lo que ha ocurrido en Cataluña los efectos sobre el consumo son prácticamente nulos, en Sanidad están convencidos de que la autoregulación de la industria en la lucha contra la obesidad no es suficiente.
Esa es la razón, de hecho, por la que se ha acordado la implantación del nuevo código de colores para distinguir los alimentos más saludables de aquellos que no lo son; la limitación de la publicidad de estos últimos para menores de 15 años y o el desarrollo de guías para las contrataciones públicas.
Sin noticias de la tasa en las autonomías
A pesar de que la recaudación del futuro impuesto sobre las bebidas azucaradas irá a parar a las arcas de las comunidades autónomas, las regiones no han recibido ninguna notificación al respecto. Fuentes de las autonomías indican a elEconomista que no han sido informadas al respecto y que esta cuestión tampoco está en el orden día de la próxima reunión de los directores regionales de Tributos con el Ministerio de Hacienda.
