La formación que lidera Albert Rivera, Ciudadanos, ha advertido este miércoles al Gobierno que la solución a la reforma de la legislación hipotecaria, en cuanto al impuesto que recae en los Actos Jurídicos Documentados, no puede ser un Real Decreto como ha anunciado el Gobierno, ya que de este modo se estaría dando una respuesta más problemática que no llegaría a regular todos los aspectos tributarios de la ley. Es decir, tampoco impediría que se repitieran nuevos recursos ante los tribunales y la inseguridad jurídica no desaparecería, confiesan fuentes del partido a elEconomista.
En contra del Real Decreto, Ciudadanos considera que la mejor salida, en estos momentos –ya que existe una ponencia sobre esta directriz europea, retrasada desde hace dos años–, es la aprobación de enmiendas como la planteada por el grupo de Rivera, en la "quede claro el cambio del sujeto pasivo", que en su opinión, debe pasar al prestamista del crédito hipotecario.
Conscientes de la multa que apremia desde la Unión Europea por el incumplimiento y retraso de la ley hipotecaria, que ha propiciado la interpretación del Tribunal Supremo con la legislación actual, Ciudadanos espera que el resto de fuerzas parlamentarias apoyen este cambio en la cámara, y el desarrollo completo de la ley que podría estar en funcionamiento, según los trámites, "a finales de año", matiza Francisco de La Torre.
Los de Rivera señalan la importancia de que sea el Congreso de los Diputados quien legisle la ley, teniendo en cuenta que ésta no es una reforma cualquiera y tiene rango de ley, por lo que es fundamental que se tramite de este modo y no como Real Decreto, evitando llegar a situaciones como las de ayer, en la que el Supremo dividió su voto entre 15 y 13 votos, lo que no disipa las dudas.
Ciudadanos recuerda que esta ley podría estar aprobada ya, pero en el camino y hasta que el Supremo reaccionó con esa lectura, no ha contado con el apoyo de todos los partidos. De ahí el retraso.
"35 años sin clarificar"
También este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instado al Gobierno y el Parlamento a acometer una reforma de la legislación hipotecaria para "clarificar" quién debe pagar el impuesto sobre este tipo de préstamos, ya que en su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras".
Lesmes ha defendido en cualquier caso la decisión adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo, donde 28 magistrados se decantaron este lunes por 15 votos frente a 13, por hacer recaer el pago de ese impuesto sobre los ciudadanos. "La postura de todos ellos es plenamente legítima", ha apostillado. "Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad, porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria", ha señalado.
