El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, está profundamente cabreado con su protegido, hasta ahora, presidente de la Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, y no ha querido disimularlo ni siquiera ante la prensa.
El ambiente entre los magistrados de la Sala ha conocido mejores tiempos y según pasan los días se enrarece aún más. La sentencia que ha dictaminado que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas lo paga la banca -el prestamista-, se ha convertido en una manzana de la discordia emponzoñada.
Hay magistrados indignados con Lesmes por haber pedido perdón a los ciudadanos por lo mal que se ha gestionado el asunto
Según diversas fuentes consultadas, hay magistrados indignados con Lesmes por haber pedido perdón a los ciudadanos por lo mal que se ha gestionado el asunto y los problemas que puedan haberles conllevado esta situación. Los hay, también, que se declaran mosqueados con Díez-Picazo por avocar el Pleno, en una medida sin precedentes, después de que se conociera la sentencia. Y, además, los hay que echan espumarajos por la boca ante los argumentos tan poco jurídicos incluidos en la citada nota de avocación por el empleo de motivos tan poco jurídicos como la "enorme repercusión económica y social" del giro radical en la doctrina de la Sala incluido en la sentencia.
Y no son los únicos encorajinados, porque los magistrados de la Sala Primera -de lo Civil-, del propio Tribunal, se han visto tan apabullados por los acontecimientos, que han suspendido sus deliberaciones sobre distintos recursos presentados sobre el impuesto de actos jurídicos documentales en préstamos hipotecarios hasta que se pronuncie el Pleno de la Sala Tercera, previsto para el 5 de noviembre.
Lesmes está muy preocupado con la pérdida de confianza que ha supuesto para un amplio sector de la opinión pública esta pirueta procedimental, que si bien está dentro de la más absoluta legalidad para mantener la seguridad jurídica de los ciudadanos, ha dado una imagen infausta del Alto Tribunal, que algunos políticos han aprovechado para propalar sospechas, como la existencia de llamadas telefónicas de la banca a los magistrados, sin pruebas fundadas de ninguna clase.
Lesmes llegó a reconocer que él no era partidario de enviar al Pleno el asunto, aunque la Sala sea soberana para ello
El pasado miércoles, ante la sede del Supremo, un grupo de afectados por la hipoteca protagonizó una protesta para reclamar que sean los bancos quienes asuman el pago. En el Alto Tribunal son conscientes de la persistencia de estos colectivos en la presión a los tribunales para reivindicar los que consideran que son sus derechos, lo que supone un desgaste de imagen de la institución muy elevado.
Por ello, no es de extrañar que el propio Lesmes haya revelado aspectos internos de esta causa, como que en sus primeras conversaciones con Díez-Picazo, éste se lamentaba de haberse enterado del contenido de la sentencia por los medios de comunicación. Entonces, Lesmes le pidió que emitiese una nota aclaratoria sobre el alcance de la sentencia, cosa a la que éste se negó. Finalmente, determinó que era preciso salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos y decidió avocar el Pleno con la consabida nota justificativa.
Lesmes, sin mucha insistencia de los presentes, llegó a reconocer que él no era partidario de enviar al Pleno el asunto, aunque la Sala sea soberana para ello. Y, sarcasmo absoluto: estas tensiones llegan justo en las jornadas de puertas abiertas del Tribunal, un esfuerzo por acercar la Institución a la sociedad española.
Lesmes lucha por no irse dejando una imagen desoladora de su mandato, pero si no hay acuerdo entre los grupos parlamentarios, podría prorrogarse su mandato
Tensiones políticas
Un dato importante, a tener en cuenta, es la tensión que han creado las declaraciones de algunos políticos, incluidos miembros del Gobierno, como Margarita Robles -ministra de Defensa y expresidenta de la Sala Tercera del Alto Tribunal- por este asunto, o Pedro Sánchez -presidente del Ejecutivo- y Carmen Calvo -vicepresidenta del Gobierno-, aunque en esta ocasión por las declaraciones realizadas sobre otro polémico asunto como es el del procés catalán, cuyo juicio oral ha comenzado su cuenta atrás para sentar a 18 líderes independentistas en el banquillo. Y por si este escenario no fuera de por sí ya poco perturbador, vienen a sumarse a las tensiones que el fin de mandato de Carlos Lesmes, el próximo día 4 de diciembre, ha generado en los últimos tiempos, viene a sumarse ahora la representación gráfica de la ruptura entre Gobierno y PP, al implicar Pablo Casado a Pedro Sánchez en el "golpe de Estado" de los independentistas catalanes.
La ruptura supone un jarro de agua fría para quienes aspiran a que la izquierda logre controlar la Cúpula Judicial, puesto que los grupos parlamentarios tienen que negociar la renovación de sus miembros. La próxima semana acaba el plazo para que el Congreso y el Senado presenten los vocales para el Consejo, cuya elección precisa el apoyo de tres quintos -210 diputados de los 350 del Congreso y 159 senadores de 266-. Lesmes lucha por no irse dejando una imagen desoladora de su mandato, pero si no hay acuerdo entre los grupos parlamentarios, podría prorrogarse su mandato. Precedentes de largas prórrogas ya se han dado.
