La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado esta mañana las tres áreas en las que trabajan distintos ministerios para abarata el precio de la electricidad: protección a los más vulnerables -la "prioridad fundamental"-, un "plan de choque a corto plazo" y una "propuesta de reforma estructural" sobre el funcionamiento del mercado y el sistema fiscal. Algunos análisis apuntan a que la luz podría bajar un 15%.
Las tres líneas de trabajo anunciadas por Ribera para afrontar la escalada de precios -hoy mismo el mercado eléctrico alcanza los máximos del año- implican distintos plazos y actuaciones, que se concretarán esta tarde.
Pobreza energética
En primer lugar está la lucha contra la pobreza energética, que de acuerdo con la ministra, afecta a 4,6 millones de españoles.
Esta lucha se concretará con con la reforma del sistema del bono social para la electricidad aprobado por el PP en la anterior legislatura, que permite descuentos del 25% al 40% en la factura de los consumidores considerados vulnerables y que pueden llegar al ciento por ciento en los casos extremos.
Debido a la complejidad y a la gran cantidad de documentación que exige el sistema, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de julio sólo habían acreditado el derecho a percibir el bono unos 650.000 consumidores vulnerables, frente a los casi 2,5 millones de beneficiarios del sistema anterior. Éste aún está vigente porque se ha prorrogado hasta el 8 de octubre, tratando de que evitar que más de millón y medio de hogares pobres pierdan los descuentos.
Adicionalmente, la ministra podría anunciar un bono social para el gas, algo descartado en los últimos años porque este hidrocarburo no se considera un insumo energético tan básico como la luz y porque ya existen las bombonas de butano como sistema alternativo.
Igualmente, podrían abordarse ayudas y facilidades para la rehabilitación energética de los hogares con algún grado de protección social, al objeto de reducir la factura de sus habitantes.
Plan de choque: autoconsumo
La segunda gran línea de actuación, el un Plan de choque a corto plazo para "recuperar la senda de transformación" del sistema energético, guarda relación directa, según especificó Ribera, con el proceso de transición energética: facilitará el despliegue de las energías renovables y la "democratización, la presencia de una multiplicidad de actores muy diferentes".
Detrás de estas palabras está la anunciada reforma de la regulación del autoconsumo de electricidad, que Ribera ya ha dicho en otras ocasiones que quiere plantear antes de que acabe el año. Aquí pueden aparecer medidas como el incremento del peso de la parte variable del recibo eléctrico en detrimento de la parte fija (ahora están en un 40/60), al objeto de que la autogeneración sea más rentable; la modificación del peaje conocido popularmente como impuesto al sol; el impulso del autoconsumo compartido, incluso como una medida para luchar contra la pobreza energética o desarrollar la industria; la eliminación de trabas administrativas y costes añadidos para las instalaciones de pequeño tamaño...
A la par, podría haber medidas de impulso para la generación distribuida y las redes eléctricas -sobre todo las de baja tensión- y el despliegue del vehículo eléctrico y de su infraestructura de carga y recarga como punta de lanza para electrificar el transporte.
Igualmente, podría haber algún tipo de revisión del sistema retributivo del parque renovable existente y de los mecanismos diseñados para que las grades centrales se incrementen durante la próxima década, sobre todo del sistema de subastas.
Finalmente, quizá haya alguna medida para evitar las grandes oscilaciones de precio a las que están sometidos los consumidores eléctricos acogidos a la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
Reforma estructural del mercado y la fiscalidad
Para abordar las dos áreas de actuación anteriores al Gobierno le bastaría con promulgar reales decretos, pero para la tercera, la reforma del mercado eléctrico y la fiscalidad no: hay que retocar leyes y para eso necesita el apoyo de otros grupos políticos en las cámaras, sobre todo el Congreso.
Por el lado del mercado, está descartado la reforma del sistema marginalista de casación de precios, puesto que es de ámbito europeo. Ahora bien, pueden introducirse cambios, como aumentar el peso de los contratos bilaterales entre generadores y consumidores, o el otorgamiento de algún tipo de regulación específica para las centrales nucleares y las plantas indispensables para evitar apagones en ciertas regiones.
Quizá, como ya se hizo entre 2007 y 2009, se reduzca el precio del CO2 a la generación eléctrica que no emita carbono, esto es, nuclear y renovables, incluida la gran hidráulica. Bruselas aprobó el sistema en su día y permitiría contener los precios, puesto que la tonelada del gas se ha multiplicado por cuatro en el último año, ronda los 20 euros, y es uno de los principales responsables de la escalada de precios.
Esta escalada del CO2, por otro lado, permitiría reducir la prolija fiscalidad sobre la energía, que abarca desde el 21% de IVA hasta el 7% a la facturación de la generación, pasando por el céntimo verde, ya que la subida del coste del carbono (que también cubren parte de los costes fijos de la luz) podrían compensar la merma de los ingresos tributarios destinados a la factura. Esta última medida contaría, a priori, con el apoyo del PP, tal y como han anticipado sus responsables en los últimos días.
Los populares han anunciado que presentarán en el Congreso una proposición de ley eliminar el impuesto de generación eléctrica con el objetivo de abaratar de media un 3% la tarifa de electricidad, que se traducirá en un ahorro de unos 1.700 millones de euros a familias, empresas y autónomos en su factura de la luz.
La concreción de todo esto, y el anuncio de una rebaja de la luz que algunos analistas creen que puede rondar el 15%, tendrá lugar esta tarde, a partir de las 16.00 h. en el Congreso de los Diputados.
