El Gobierno ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores de la planta de Navantia en San Fernando (Cádiz) y les ha prometido una resolución "satisfactoria" al conflicto desatado por la posible decisión de Arabia Saudí a cancelar el contrato firmado con la empresa pública para la construcción de cinco corbetas por 1.800 millones de euros en respuesta al parón español en la venta de armas al país.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celáa ha anunciado que una comisión interministerial está trabajando actualmente en alcanzar una solución al conflicto para mantener las "buenas relaciones" con Arabia Saudí, al mismo tiempo que permita asegurar la carga de trabajo derivada del contrato.
¿Cambiará el Gobierno de opinión? Fuentes gubernamentales aseguran ahora que el anuncio de que el Ministerio de Defensa anulará una venta de 400 bombas del Ejército de Tierra a Arabia Saudí es por el momento una declaración de intenciones que todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices.
La decisión está ahora en manos de una comisión interministerial. "No le puedo contestar porque depende de la resolución a la que llegue la comisión, la respuesta no la tenemos todavía", ha dicho Celaá cuando se le ha preguntado si el Gobierno sigue siendo contrario a la operación de venta de bombas a este país.
En la línea de la ministra portavoz también se ha pronunciado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez al asegurar que el contrato con Arabia Saudí "sigue en marcha" y ha garantizado que el Ejecutivo no lo va a "poner en riesgo". En una comparecencia en el Congreso, Méndez ha asegurado que el contrato "sigue vigente" y, de hecho, Arabia Saudí ya ha realizado los primeros pagos. "Hasta donde yo sé, la fabricación, funcionamiento y vigencia del contrato sigue en marcha", ha trasladado.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado estas garantías ante las alertas lanzadas por los sindicatos de los astilleros, que este viernes incluso han cortado una carretera en Cádiz ante el temor de que Arabia Saudí revocase la compra en respuesta a la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta al país de 400 bombas de precisión.
La confirmación de la firma de este contrato con Arabia, en negociaciones desde el año 2015, se produjo el pasado mes de julio por un importe de 1.800 millones de euros, suponiendo una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar.
El programa arranca a finales de 2018 y el último buque debería entregarse en el 2022. En cuanto a su impacto en empleo, se calcula que durante cinco años se generarían anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serían empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.
Los políticos exigen respuestas
La respuesta política no se ha hecho esperar. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha expresado hoy su preocupación y ha reclamado al Gobierno de la nación que garantice el empleo en los astilleros de Cádiz. "Hemos trasladado al Gobierno de España que, cuanto antes, tiene que encontrar una solución", ha dicho Díaz.
"Hemos trabajado mucha gente y mucho tiempo por ese contrato", ha recalcado la presidenta andaluza, que ha explicado que desde que se tuvo conocimiento de la posibilidad de que fuera rescindido, la Junta se puso en contacto con el Gobierno de España "a todos los niveles" para trasladarle su preocupación y la posición del Ejecutivo andaluz. "Y queremos, y así se lo hemos pedido al Gobierno, que tiene que garantizar el empleo, el contrato y ese horizonte de esperanza que la bahía merece", ha remachado.
Los contratos de #Navantia deben garantizarse y mantenerse. pic.twitter.com/vsgIidpJ6C
— Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 7 de septiembre de 2018
Del lado del PP, el presidente provincial en Cádiz y senador, Antonio Sanz, cree que "es una metedura de pata sin precedentes, un verdadero disparate político". "O el Gobierno rectifica inmediatamente o perdemos el contrato", ha asegurado. Sanz ha transmitido "todo el apoyo del PP a los trabajadores de Navantia y de la industria auxiliar". "Estamos ante una metedura de pata sin precedentes en lo que ha Navantia significa, una situación que es un verdadero disparate político, una irresponsabilidad mayúscula de un Gobierno", ha aseverado Sanz, que ha añadido que "lo que se está viviendo estas últimas horas es una traición imperdonable a los trabajadores de Navantia por parte del PSOE".
En Podemos, la coordinadora general en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado los "despropósitos" y la "nefasta gestión" que se ha venido haciendo con la empresa pública Navantia y ha recalcado que la prioridad debe ser mantener el empleo. Para Teresa Rodríguez, no puede haber esa dependencia solo de inversiones de fuera, sino que tiene que haber una apuesta por un tejido industrial sostenible en nuestra comunidad.
