La Paz, 27 oct (EFECOM).- La tercera nacionalización del gas y el petróleo en Bolivia dará un gran paso hacia su consolidación este sábado, día en que vence el plazo para que una decena de compañías firmen nuevos contratos o abandonen el país.
La brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF, la franco-belga TotalFinaElf, Chaco (British Petroleum), Transredes (Shell y Ashmore), entre otras multinacionales, están conminadas a firmar esos nuevos contratos si quieren seguir operando en Bolivia, según el decreto de nacionalización firmado el pasado 1 de mayo por el presidente Evo Morales.
Ese decreto, que fijó el plazo de 180 días que expira este sábado a la medianoche, se llama "Héroes del Chaco" en honor de los combatientes bolivianos que defendieron en esa región central de Suramérica las reservas de petróleo en la guerra contra Paraguay (1932-1935).
La primera estatización del sector petrolero en Bolivia, y también de Suramérica, la aprobó en 1937, dos años después de esa contienda, el presidente David Toro, militar de tendencia socialista.
Toro resolvió el 13 de marzo de ese año la extinción de las concesiones dadas en 1921 a la estadounidense Standard Oil, una de las petroleras más grandes y poderosas del mundo de entonces, a la que acusó de defraudación fiscal, y su reversión al Estado.
La decisión se produjo dos años después de que el Estado abriera un juicio a esa empresa, por contrabando de crudo hacia Argentina, y la acusará de negar su apoyo al país durante la guerra, en la que murieron 50.000 bolivianos.
Cuatro meses antes de esa nacionalización, Toro fundó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se hizo cargo de las operaciones y las concesiones de Standard Oil.
En 1942, el gobierno de Enrique Peñaranda indemnizó a la petrolera con 1,7 millones de dólares.
El presidente Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) y su sucesor Hernán Siles Suazo (1956-1960), ambos caudillos de la revolución nacionalista de 1952, tuvieron paradójicamente una inclinación a favor de la inversión extranjera en el sector petrolero, expresada en un nuevo código confeccionado por abogados estadounidenses.
Bajo esa normativa, conocida como "Código Davenport", ingresó a Bolivia en 1956 la empresa estadounidense Gulf Oil Company, que desplazó a la estatal YPFB del control del sector y de las reservas de hidrocarburos.
Los bienes de la Gulf se expropiaron el 17 de octubre de 1969, en la segunda nacionalización, ejecutada por el gobierno de otro militar, Alfredo Ovando Candia, pero inspirada por el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, entonces ministro de Minas y Petróleo.
La recuperación del gas y el petróleo para el Estado, con la perspectiva de la inmediata exportación de gas principalmente a Argentina, y la denuncia de que el "Código Davenport" era perjudicial para el país, fueron los argumentos de la segunda nacionalización.
El Estado indemnizó a la empresa durante nueve años con 78 millones de dólares.
El presidente Morales, que llegó al poder con un inédito 53,7 por ciento de respaldo popular en elecciones democráticas, decretó la tercera nacionalización el 1 de mayo pasado en el campo San Alberto, el más grande del país, operado por la brasileña Petrobras.
Morales ordenó la nacionalización de las acciones necesarias para que el Estado controle tres empresas mixtas y dos privadas, uno de los temas centrales de las actuales negociaciones con Repsol, BP, Petrobras y Shell.
También fijó un impuesto adicional del 32 por ciento para Repsol, Petrobras y Total por gestionar los campos más grandes, de los que se exporta gas a Brasil, con lo que esas firmas tributan el 82 por ciento del valor de su producción.
Igualmente, decretó el "control absoluto" del Estado sobre los 48,7 billones de pies cúbicos de gas y 856 millones de barriles de petróleo.
Para retomar el control del sector, Morales buscar refundar la petrolera estatal YPFB, empresa privatizada parcialmente y reducida a una condición residual durante la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Uno de los tropiezos de esta tercera nacionalización ha sido el relevo, por diversas razones, del equipo original que la diseñó y anunció en mayo con Morales: el ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, el presidente de YPFB Jorge Alvarado y el superintendente del sector Víctor Hugo Sainz. EFECOM
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