Madrid
La moción de censura que el pasado 1 de junio acabó con el mandato de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo del país y elevó a Pedro Sánchez al frente del mismo, ha supuesto también un cambio a nivel ministerial. Las áreas de Energía, Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático se han aglutinado en el Ministerio para la Transición Ecológica, al frente del cual se encuentra Teresa Ribera.
La nueva ministra cuenta con una dilatada experiencia profesional, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente enfocada en asuntos relacionados con el medio ambiente y, más concretamente, en la lucha contra el cambio climático, lo que va a suponer un cambio de rumbo de buena parte de las políticas energéticas llevadas a cabo por sus antecesores: Álvaro Nadal en Energía e Isabel García Tejerina en Medio Ambiente.
Ribera llega al Ejecutivo en un momento clave, en pleno proceso de diseño de la ruta hacia una economía más limpia. En sus manos quedan, como principales retos, desarrollar un Plan de Energía y Clima, definir el papel que tendrá cada una de las tecnologías de generación eléctrica en el país y sacar adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se acaba de conocer.
El texto, elaborado por el anterior gobierno del PP y registrado por este partido en el Congreso el pasado 22 de junio, propone, en líneas generales, unos objetivos en materia de reducción de emisiones a 2030 de, al menos, un 26%, que se eleva al 80% en 2050. Asimismo, se pretende que el objetivo de renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030 y hasta el 32,5% en lo que respecta a la mejora del valor energético total.
Ribera, que ha comparecido hoy en la Comisión para la Transición Ecológica para exponer las líneas de su departamento, ha afirmado que "España no puede terminar esta legislatura sin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética".
En materia de renovables, la apuesta del nuevo Gobierno por estas tecnologías limpias quedaba más que patente durante la celebración en Luxemburgo, el pasado 11 de junio, del Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europa, en el que España -junto a otros países como Italia- abogó por un objetivo del 35%, tanto en renovables como en eficiencia energética, un cambio de rumbo que ha favorecido alcanzar el nuevo objetivo europeo del 32% en renovables en 2030 y del 32,5% en eficiencia energética.
Por otro lado, y apoyada por el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal -expresidente de Abengoa-, Ribera deberá tomar las medidas pertinentes para derogar -tal y como ha reconocido que es su intención- el conocido como impuesto al sol y acabar con cualquier traba al desarrollo del autoconsumo. También se ha comprometido a dar una respuesta a los pequeños inversores que se vieron seriamente perjudicados -especialmente en fotovoltaica- por los recortes a las renovables del gobierno anterior.
Otra de las decisiones importantes que deberá tomar Teresa Ribera en su mandato tiene como protagonista el cierre del carbón y la nuclear
Otra de las decisiones importantes que deberá tomar Teresa Ribera en los dos años de mandato que tiene por delante, tiene como protagonistas al carbón y a la nuclear. De momento, la ministra ya ha apuntado como fecha orientativa para el fin del carbón el año 2028, aunque ha precisado que no hay una decisión cerrada. Una postura totalmente contraria a la de su antecesor, Álvaro Nadal, que rechazó en todo momento fijar un calendario de cierre de las centrales térmicas e intentó sacar adelante un decreto para que no se clausurasen.
No obstante, la ministra ha señalado que cualquier medida que se lleve a cabo se hará "con sensibilidad hacia la sociedad y el territorio", de manera que "se buscarán salidas para activar el empleo y se ofrecerán alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas".
En el caso de la nuclear, el programa electoral del PSOE ya incluye el cierre de estas centrales a los 40 años de vida útil ya que, según la ministra, "nada apunta que cerrarlas más tarde de esa fecha pueda ser más barato frente a otro tipo de riesgos que supone alargar su actividad", de manera que hay que ir pensado "cómo anticipar escenarios para que el cierre se produzca de forma ordenada".
España cuenta actualmente con cinco centrales nucleares en explotación con siete reactores operativos. La central cacereña de Almaraz I -controlada en un 52,7% por Iberdrola, en un 36% por Endesa y en un 11,3% por Gas Natural Fenosa-, que será la primera en alcanzar las cuatro décadas en junio de 2020. A continuación les seguirán las centrales de Almaraz II, también en Cáceres, en funcionamiento desde 1983; Ascó I y II en Tarragona, en activo desde 1983 y 1985, respectivamente; Cofrentes, en Valencia, desde 1984; Vandellós II, también en Tarragona, desde 1987; y Trillo, en Guadalajara, que comenzó a operar en 1988.
Reforma del mercado eléctrico
A estas medidas podrían unirse otras recogidas en el documento que Ribera presentó hace tres meses en calidad de coordinadora del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE (Capte), entre las que figuran acometer una reforma del mercado eléctrico que incluya una auditoría de los costes regulados que están integrados en la tarifa eléctrica, así como el nuevo mercado gasístico. Según el informe, el diseño actual de la regulación eléctrica no ofrece garantías "ni a los consumidores, que podrían estar pagando la electricidad en exceso, ni a las empresas, que podrían ver infrarretribuidas sus inversiones".
Por otro lado, el informe plantea liquidar los saldos pendientes de los Costes de Transición a la Competencia percibidos por las eléctricas en favor del sistema. Si esto se cumpliera, las eléctricas deberían devolver 1.500 millones de euros y destinarlos a la creación de un Fondo contra la pobreza energética. La intención de este fondo consistiría en mitigar los incrementos en el precio de la electricidad -bien a través de ayudas directas o de inversiones en eficiencia energética- para los hogares e industrias vulnerables.
Lo que, de momento, sí ha conseguido la nueva ministra de Transición Ecológica es modificar la resolución aprobada por la anterior secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica. De esta manera, se zanja el último conflicto de competencias entre el desaparecido Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), decantándose a favor del Regulador y anulando una norma que generaba incertidumbre y contravenía la regulación europea.
El pasado 12 de junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó su primera resolución, en la que deja sin efecto algunos puntos de la norma de Nadal y establece que, en caso de contradicción o incompatibilidad, se tengan en cuenta las reglas de la CNMC.
Particularmente sonado es el conflicto en relación al establecimiento de los peajes eléctricos -la parte fija del recibo de la luz- que Energía no quería dejar en manos del Regulador. Como contravenía la normativa comunitaria, Bruselas abrió un expediente a España en 2015 que, tras cierto retraso, está a punto de recalar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El comisario del ramo, Miguel Arias Cañete, ha manifestado su deseo de tratar el caso con Ribera antes de remitirlo a los jueces comunitarios. La ministra ha manifestado su deseo de resolver "este y otros asuntos de la mejor manera posible".
