El Gobierno ha dado el primer paso para rescatar ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra y espera relicitarlas este mismo año para poder reducir al máximo el impacto de esta operación en las cuentas del Estado.
La relicitación de estas autopistas se convertirá en una de las operaciones clave del año y una de las más importantes del sector. De hecho, la lista de interesados en este proceso no para de crecer. A los tradicionales fondos de infraestructuras, entre los que figuran Ardian, Macquarie, KKR, Brookfield o IFM, se suman ahora algunos de los principales gestionados por la banca que han iniciado ya contactos y consultas para estar preparados para participar en la licitación.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que algunos de los fondos que están siguiendo con detalle la operación son Goldman Sachs Infraestructure o JP Morgan Infrastructure y no se descarta que otros como Deutsche Alternative Asset Management Limited (antes denominado RREEF Limited) también acaben presentando su oferta por unos activos que desde Fomento valora en entre 700 y 1.000 millones de euros.
Muchos de estos fondos han jugado un papel relevante en el negocio de las carreteras e incluso conocen al detalle los datos de las autopistas que se relicitarán. Por ese motivo, unido a la mejora considerable de los tráficos y de las condiciones financieras y a que la relicitación llegará sin los riesgos de construcción y expropiaciones, la oportunidad que suponen las radiales está obligando a que todos los grandes jugadores del negocio de las infraestructuras lo tengan que seguir atentamente.
Al interés de los fondos internacionales se suma el de las constructoras españolas. ACS, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr analizarán participar en la relicitación de unas vías que construyeron y que, en muchos casos, explotan. Para ello, buscarán alianzas, precisamente, con fondos de inversión. También tomarán parte las grandes concesionarias españolas, como Abertis, Globalvia y Roadis. Se espera, asimismo, que puedan entrar, de algún modo, aseguradoras como Allianz y Mutua Madrileña.
El Gobierno trabaja en un escenario en el que sacará a concurso las autopistas en torno al mes de junio, de forma que culmine su adjudicación antes de que finales 2018. Con ello, pretende minorar el impacto en el déficit público de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que está asociada a las concesiones.
A partir del 21 de febrero
Las estimaciones oficiales apuntan a que el Estado podría ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros por la relicitación de estas vías. Fomento dividirá en dos lotes las carreteras: las radiales R-2- Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid-Arganda, R-4 Madrid-Ocaña y R-5 Madrid-Navalcarnero, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda y la AP-41 Madrid-Toledo, por un lado, y la AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante, por otro.
El proceso, entretanto, sigue su curso. El consejo de ministros autorizó ayer a rescindir siete contratos de concesión. Se trata de los correspondientes a las autopistas radiales R-3 y R-5, y a los de la R-4, la R-2, la M-12, la AP-36, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.
La ruptura de los contratos supone un proceso de trámites administrativos, entre ellos la consecución de informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado. Una vez que estén listos, el consejo de ministros volverá a ratificar la resolución contractual.
En paralelo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las autopistas, el Ejecutivo ha instado al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la fecha en que Fomento pasará a hacerse cargo de estas vías. Por el momento, sólo hay fecha para el rescate de tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.
Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales, según destalló el Ministerio. No en vano, el proceso de liquidación de Accesos de Madrid, la concesionaria de la R-3 y la R-5, discurre con cierto retraso con respecto a los demás procesos y no se espera su culminación hasta el segundo trimestre.
En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en que están inmersas desde 2012. En el caso de que esta concesión no pueda liquidarse por los trámites legales, el Ministerio de Fomento podrá acometer una resolución administrativa, según explicaron hace unas semanas fuentes del departamento que dirige Íñigo de la Serna. Lo haría este mismo año con el objetivo de relicitarla junto con el resto de autopistas en uno de los lotes.
