Atlantia ha terminado por ceder en su asalto a Abertis a las pretensiones del Gobierno de España y ha solicitado las pertinentes autorizaciones a los Ministerios de Fomento y Energía "en beneficio de los intereses del mercado, de la propia sociedad afectada Abertis y de sus accionistas e inversores".
La compañía italiana ha tomado esta decisión para contribuir a desbloquear la actual controversia entre los dos departamentos que dirigen Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que le remitieran sendos requerimientos para anular o revocar la aprobación que el regulador hizo de la oferta pública de adquisición (opa) de Atlantia a comienzos de octubre.
Lo ha hecho a pesar de que sigue creyendo que las solicitudes gubernamentales no son necesarias en la legislación española, al igual que ocurre con Francia, Italia y Chile, países donde opera Abertis pero cuyas administraciones no han requerido su autorización. Sí ha pedido, como en España, la aprobación de los organismos de competencia o supervisores bursátiles, según el caso. Solo en Brasil ha sido necesario obtener luz verde del Gobierno.
Fomento y Energía habían colocado a la CNMV en una posición muy comprometida, toda vez que retractarse de la decisión que adoptó en octubre abriría un escenario de falta de autoridad e incertidumbre para el mercado con consecuencias desconocidas. Los ministerios ayer aún no habían retirado los requerimientos al regulador, por lo que salvo que lo hagan en los próximos días, éste tendrá que pronunciarse antes del 7 de enero. Desde el Gobierno se había planteado la posibilidad de trasladar hasta los tribunales la discrepancia con la CNMV. Un extremo que golpearía de lleno las aspiraciones de Atlantia y Hochtief por hacerse con Abertis, dados los ritmos habituales de los tribunales españoles.
El cambio de estrategia de Atlantia, "aun reiterando su posición jurídica" de que no tiene por qué solicitar la autorización del Gobierno, busca por tanto evitar mayores obstáculos en el proceso. Al fin y al cabo, todos los retrasos que se produzcan en esta operación tienen crecientes -no menores- costes para las empresas compradoras por los intereses de la financiación.
El otro gran motivo de Atlantia es restablecer la "par condicio (igualdad de condiciones)" entre su oferta y la de Hochtief, que desde un principio solicitó la autorización del Gobierno, en el objetivo de "garantizar la libre competencia en el mercado", según señalan fuentes financieras. Busca así jugar de tú a tú con la filial de ACS. La italiana ha llamado a la neutralidad del Gobierno. Así, reiteró "su plena confianza en el buen funcionamiento de las instituciones españolas y en su evaluación neutral, eficiente y objetiva de las solicitudes de autorización administrativas al tratarse de una operación de dimensión comunitaria".
Atlantia se ha enfrentado desde el principio con el recelo del Gobierno. Enfadó enterarse prácticamente por los medios de comunicación. Además, en contra de la italiana pesa el desguace que Enel ha hecho en Endesa, por un lado, y las trabas que impuso el Ejecutivo de Prodi hace diez años cuando Abertis Autostrade -origen de Atlantia- intentaron fusionarse. La italiana trata de distanciarse de lo acontecido con Endesa, toda vez a diferencia de Enel, con capital estatal, es una empresa privada. Ha defendido su compromiso para traspasar sus activos en Brasil y Chile a Abertis, además de mantener lsu sede en España y cotizando en la bolsa de Madrid. Ahora Fomento y Energía tendrán que decidir sobre las ofertas de Atlantia y Hochtief y es aquí donde podrían entrar a exigir condiciones para garantizar que Abertis, líder de concesiones públicas, siga generando riqueza a España.
Entretanto, el fondo Davidson Kempner ha subido su participación en Abertis por encima del 3 por ciento, frente al 1,13 por ciento anterior.
