La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó ayer la oferta pública de adquisición (opa) de Atlantia por el 100 por cien de Abertis a pesar de que el Gobierno mantiene su convicción de que tiene derecho de veto a la operación. En sendas cartas remitidas el pasado 25 de septiembre, los ministerios de Fomento y de Energía informaron al organismo que preside Sebastián Albella de que la concesionaria italiana no había solicitado su autorización, que a juicio de los departamentos que dirigen Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal es obligada con arreglo a la legislación vigente.
Para Atlantia, según refleja en el folleto de la opa, la autorización por parte del Gobierno de España "no es necesaria". Es por ello que solo ha solicitado los permisos pertinentes a la CNMV y a otras instituciones en Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile.
Con su aprobación, la CNMV ha estimado que la firma italiana cumplía todos las exigencias legales para llevar a cabo la operación, en contra de las consideraciones de Fomento y Energía.
Desde Fomento rechazaron valorar ayer la decisión de la CNMV, pero aclaran que la aprobación de la opa por su parte no recoge, en cualquier caso, un pronunciamiento "sobre si es obligatoria la autorización del Gobierno". Energía, por su parte, evitó hacer ningún tipo de valoración. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que "el Gobierno adoptará una línea neutral, de acuerdo a sus competencias y teniendo en cuenta las normas aplicables a las sociedades de capital".
Hace diez años, el Gobierno italiano vetó la compra de Autoestrade -antigua Atlantia- por Abertis.
Fomento considera que es "el único competente para determinar si es o no necesaria dicha autorización y dicho análisis tiene que partir de la administración". En sus misivas a la CNMV, los ministerios dejan constancia de que no han recibido la solicitud para el análisis de la obtención de la autorización sobre las concesiones de peaje y para el cambio en el accionariado de Hispasat. Fomento remite al artículo 31 de la Ley de Autopistas, que establece que "la cesión hecha a un tercero requerirá el previo consentimiento del Gobierno y habrá de ser total, sin que se admitan cesiones parciales de determinados tramos de la autopista". Asimismo, alude al pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que en su cláusula 20 dispone que dispone que "la fusión del concesionario con otra sociedad, las absorciones que haga de otras sociedades, o su absorción por una tercera, deberán ser objeto de previa autorización por el Gobierno, que concederá o negará el permiso sin derecho a recurso ni reclamación alguna".
A juicio de Atlantia, sin embargo, una opa no supone la cesión de las concesiones a terceros y estima que "las sociedades concesionarias de autopistas seguirán siendo las mismas y permanecerán bajo el control de Abertis". Recuerda, de hecho, que en operaciones pasadas, como cuando Sacyr lanzó una opa por Europistas, no se solicitó la autorización de Fomento.
Para el Ministerio, la adquisición efectiva de una autopista, de acuerdo con la doctrina aplicada, se produce bien después de haber obtenido autorización del consejo de ministros o con la condición resolutoria de que la conseguirá.
