Las empresas eléctricas podrán esperar a que el Gobierno haya decidido qué mix energético quiere para el país antes de renovar la autorización de explotación de sus centrales nucleares, porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aceptado que presenten las solicitudes cuando ya esté aprobado el Plan Integral de Energía y Clima -cuya primera versión debe remitirse a Bruselas antes del 1 de enero del año que viene- y antes de la fecha límite para presentar la Revisión Periódica de Seguridad (RPS), que se acomete cada 10 años.
Antes de esta modificación, solicitada por el Ministerio de Energía por la vía de urgencia, las eléctricas debían pedir la renovación de las licencias tres años antes de que venciesen las autorizaciones vigentes, de modo que la central de Almaraz debía hacerlo antes del próximo 8 de junio y la Vandellós antes del 26 de julio. Ahora podrán esperar unos dos años cada una, porque la RPS se debe presentar algo más de un ejercicio antes de que expiren las autorizaciones.
No obstante, los titulares de las plantas atómicas tendrán que presentar la documentación técnica -como el estudio de impacto radiológico o el plan de gestión de residuos- que avala que la central puede seguir funcionando si así se desea en el mismo plazo de tres años aplicado hasta ahora.
Autorizadas sin plazo fijo
La consejera Cristina Narbona ha votado en contra de la modificación anterior y se ha abstenido en el segundo gran cambio aprobado ayer por el Pleno del CSN: no limitar la potestad del Gobierno de renovar las licencias a que se haya aprobado la correspondiente RPS, es decir, las centrales tendrán que seguir superando el examen técnico de década en década para seguir abiertas, pero el Gobierno, si lo desea, podrá otorgar una autorización de operación indefinida.
Esta era una medida reclamada por Endesa e Iberdrola para decidir sobre la reapertura de la central de Garoña -argumentaban que con una autorización por sólo 10 años no tenían garantía de recuperar las inversiones que han de ejecutar para que opere con seguridad- que se ha extendido al resto del parque atómico. La medida, además, permitirá que las compañías acudan a los tribunales a reclamar lucro cesante en el caso de que una decisión política, nunca técnica, les obligue a cerrar las instalaciones antes de lo autorizado.
Las empresas eléctricas están echando un pulso al Gobierno, que quiere prolongar la vida útil de las plantas nucleares desde los 40 años previstos originalmente hasta los 60 años, porque las condiciones fiscales establecidas hace cuatro años merman sus ingresos en más de un 30 por ciento. Iberdrola dice haber perdido más de 1.000 millones de euros durante este período, Gas Natural Fenosa sostiene que no es rentable invertir para prolongar las vidas útiles y sólo Endesa está claramente alineada con el Ejecutivo.
A ello se suma la necesidad de definir el mix eléctrico a largo plazo con el que cumplir los compromisos climáticos -el citado Plan Integral-, en el que las nucleares parecen una pieza clave porque no emiten CO2.
