Con dos años y medio de retraso, España ha cumplido con la Justicia europea al aprobar ayer, por la mínima, el Real Decreto Ley que liberaliza la carga y descarga de mercancías en los puertos. Así, el Congreso ha dado luz verde a la segunda la reforma de la estiba del Gobierno gracias a la abstención de PDeCat y el apoyo de PNV y Ciudadanos, que finalmente han votado que sí. Aunque visto como "positivo" por las autoridades comunitarias, el paso dado por el Congreso no le servirá para escapar de la multa de la Unión Europea (UE).
Fuentes comunitarias comentaron ayer a elEconomista que en los próximos días estudiarán las medidas incluidas en la reforma aprobada por 174 votos a favor, 165 en contra y ocho abstenciones. Eso sí, valoraron la reforma hasta el punto de que revisarán el sistema de penalizaciones impuesto a nuestro país.
Se espera que Bruselas congele la multa que España seguía acumulando desde que el 11 de diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE obligara a nuestro país a cumplir con el principio de libertad de contratación de la estiba. España tendrá que pagar así unos 24 millones de euros, según cálculos de Gobierno (más de 27.000 euros al día). La cantidad parará de crecer, pero habrá multa. La Justicia europea tiene que confirmar esta primera cantidad.
En su momento, la Comisión también propuso una segunda multa adicional de 134.100 euros por cada día que España hubiera seguido sin reformar la ley a partir de la confirmación de las cantidades por parte de los jueces de Luxemburgo. Sin embargo, se espera que Bruselas retire esta propuesta al resultar innecesaria. En este punto, el ministro de Fomento Íñigo de la Serna reconoció en el Congreso que es muy posible que tengamos que pagar la primera multa. "La UE no nos ha dado la garantía de que podamos salvar el pago de los 24 millones que ya tenemos condenados", dijo.
La aprobación del Real Decreto Ley no es ni mucho menos el final del camino. De la Serna ha emplazado a las partes a abrir un proceso de negociación colectiva para pactar las condiciones de la subrogación de los empleos. Unas conversaciones que tendrán lugar bajo la amenaza de una huelga que empezará el miércoles. El Decreto que regulará el pacto asegura que las empresas organicen el trabajo y limita las rebajas salariales.
