La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, podría haber montado una estructura fiscal opaca en Latinoamérica para desviar fondos del Canal Isabel II, empresa pública que presidió entre los años 2003 y 2012. La investigación lleva en marcha dos años a raíz del estallido del caso Púnica, pero la aportación de nuevas pruebas en torno al Canal por parte de la actual presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, a mediados del año pasado aceleró el proceso. El intento del fiscal jefe de retrasar un registro por la trama del Canal provocó una rebelión en Antocorrupción.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó ayer así la detención de González junto a otras once personas más. Aunque las pesquisas están bajo secreto de sumario, según la Audiencia, se centran en delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Ayer, durante el registro del domicilio de González, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, llegó a utilizar varios perros en busca de posibles billetes ocultos en el inmueble. Todo en el marco de lo que se conoce ya como Operación Lezo, según han explicado fuentes próximas a la investigación. González pasará mañana a disposición del juez.
Familiares implicados
Entre los detenidos están también su hermano, Pablo González, y un cuñado, José Juan Caballero, como presuntos integrantes de un entramado familiar que se habría servido de la cercanía con el expresidente para desviar fondos de operaciones llevadas a cabo a través de la empresa pública de aguas. La UCO también ha registrado Subastas Segre, de la que es propietaria la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Entre los detenidos figuran también Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial colombiana del Canal y que opera como cabecera de sus negocios en Latinoamérica; María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal; y José Martínez Nicolás, exdirector de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), investigado ya por Púnica.
El eje de la investigación se centra en la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes en 2013 En ese momento, González era presidente de la comunidad autónoma y había puesto al frente del Canal a Salvador Victoria, su mano derecha en el Gobierno. La operación se realizó a través de una firma offshore, de carácter opaco, domiciliada en Uruguay. Se trata de Sociedad Soluciones Andinas de Agua. Esta firma está participada por la colombiana Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios).
Según se descubrió tras hacerse públicos los Papeles de Panamá, el 9% de la firma uruguaya pertenecía en el momento de la compra de Emissaso a Yavango Investment Inc, constituida en 2006 por el bufete Mossack Fonseca. La compra de Emissao es una de las operaciones denunciadas precisamente por Cifuentes, aunque se hizo con ella como miembro del consejo de administración. La presidenta autonómica había sido nombrada vocal del máximo órgano ejecutivo en marzo de 2012, en representación de la Administración del Estado, cuando era delegada del Gobierno en Madrid.
Además de la trama que gira alrededor de Emissao, el Canal de Isabel II posee también el 67,9 de otra firma colombiana Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, a la que se conoce como Triple A. Al frente de la misma figura como gerente Navarro Pereira, que aparece también como administrador de la empresa Quartsun Develop, creada por Fonseca en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, y que también está siendo investigado. Asimismo, el Canal de Isabel II es propietario del 80,5% de otra firma con sede social en Panamá, denominada R&T, y que, según reconoce en su último informe anual de cuentas, se dedica a la prestación de servicios de asesoría fiscal.
En julio del año pasado, y tras la denuncia presentada por Cifuentes ante la Fiscalía Anticorrupción, el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, anunció que iba a cerrar diez empresas que tenía en Iberoamérica -"o quizás alguna más"- porque tenían "poca actividad" o realizaban actividades que "no se corresponden con las propias del canal".
Según anunció entonces Garrido, se iba a proceder además a elaborar un informe del resto de empresas para tomar una determinación con respecto al conjunto de la red latinoamericana. Toda la estructura en la región cuelga en España de la compañía Extensia, filial al 100% del Canal.
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