Las diligencias de investigación enmarcadas en la 'operación Lezo' contra la corrupción en filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica causaron una 'rebelión' mayoritaria en el seno de la Fiscalía Anticorrupción el pasado martes por la orden dada por el fiscal jefe del departamento, Manuel Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso. La diferencia de opiniones surgió al solicitar Moix el retraso del registro en el domicilio de uno de los imputados, que no era el que afectaba al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido, ni el de ninguno de los principales imputados en la supuesta trama corrupta del agua de Madrid.
Fuentes de la fiscalía Anticorrupción han confirmado que la petición de aplazamiento de registro de Moix afectaba a otro de los investigados por hechos muy anteriores a la llegada de aquéllos al Canal de Isabel II. Esta sería la razón por la que Moix habría ordenado "desvincular cronológicamente" este registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta. Se trataba de los registros vinculados a la filial Inassa por operaciones de la época de Gallardón.
Los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez se opusieron a la decisión del fiscal jefe invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra, según las fuentes consultadas. En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente" se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y que, si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía".
Moix reconsideró su orden
Eso es lo que ocurrió el pasado martes en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, y tras oír a sus compañeros, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran este departamento -todos menos uno- apoyaron a los compañeros de la 'operación Lezo' y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el citado registro.
Según ha confirmado el propio Moix, tras oír a la junta el podría haber insistido en la orden de sacar esta diligencia de la lista de las que iban a solicitar que ordenara el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco.
Sin embargo, tras escuchar el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, el imputado afectado podría hacer desaparecer documentos, y el registro fue finalmente incluido junto a los demás.
La operación sigue abierta, según las mismas fuentes, y a lo largo de este jueves se producirán nuevos registros relacionados con la operación. Además, el juez del caso tiene previsto interrogar en calidad de investigados al presidente y el director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Casals y Marhuenda son dos de los investigados en la que se ha llamado 'operación Lezo', en la que ya hay 12 detenidos, entre ellos Ignacio González, por ocho delitos: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios relacionados con operaciones delictivas en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.
PSOE y Cs piden que comparezca Catalá
El PSOE quiere que los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Ignacio Zoido, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparezcan en el Congreso para aclarar si Moix trató de frenar la operación judicial desarrollada contra González.
Ante esta información, los socialistas han decidido solicitar la presencia de Catalá, que compareció el 6 de abril ante la comisión parlamentaria del ramo y defendió la independencia de la Fiscalía en el caso de Murcia. Además, quieren que acudan a la Cámara Zoido y el titular del Ministerio Público para que aclaren las "maniobras" realizadas para dificultar la investigación de la corrupción del PP.
Asimismo, Ciudadanos pedirá también que Catalá comparezca en el Congreso para que aclare si está "dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen" ciertos casos de corrupción, por ejemplo el de la 'operación Lezo'.
En declaraciones a los periodistas en Madrid antes de participar en un encuentro político-empresarial, Rivera ha dicho que si se confirma que Moix intentó impedir uno de los registros policiales realizados el martes pasado en esa operación, sería "de una gravedad extrema".
"Por eso vamos a pedir la comparecencia urgente de Catalá de nuevo. El ministro Catalá y el Gobierno tienen ya demasiadas sospechas de control sobre los fiscales", ha señalado, añadiendo que lo que quiere saber Ciudadanos es si el ministro de Justicia "está dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen".
En su opinión, "ya van demasiadas veces en los últimos meses" en las que aprecia "sospechas de control y de chivatazos", y ha mencionado expresamente la investigación al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio'.
En este contexto, se ha referido a otra "preocupante" información periodística según la cual un miembro del Gobierno nacional alertó a González de que iba a ser detenido. "Eso puede haber implicado destrucción de pruebas y dificultades para el trabajo judicial y policial y es impropio de un país democrático serio", ha advertido.
