Luis Iglesias, el antiguo socio de Oleguer Pujol en Drago Capital, declaró en 2015 un beneficio en Luxemburgo de 16,74 millones de euros. Es una cifra que supone más de 50 veces el resultado declarado un año antes, cuando ganó únicamente 316.512 euros. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista, Iglesias es el accionista único de Pavane Investments, una sociedad patrimonial domiciliada en el Boulevard du Prince Henri de la capital luxemburguesa, que es la que ha logrado ahora este resultado histórico.
Fuentes de Drago Capital aseguran a este diario que el aumento del beneficio se debe a que Iglesias realizó en dicho ejercicio más transacciones inmobiliarias que en el año anterior y defienden que este tipo de sociedades, que dependen de las operaciones que se hagan al año, no tienen un beneficio constante.
Iglesias aumentó el valor de sus activos declarados en Luxemburgo en un 61% en 2015. Fue en plena investigación por el reparto de comisiones tras la compra de 1.152 oficinas del Santander, que había gestionado a través de Drago Capital en 2007. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas a 31 de diciembre de 2015, la sociedad tenía activos valorados en libros en 20,9 millones, un 60,7% respecto a los 13 millones que mantenía contabilizados un año antes.
Accionista de Drago
Pavane Investments figura como titular del 50%del capital de Drago Capital; además del 100% de la holandesa Anline Services B.V. y de otras participaciones minoritarias en Luxemburgo: el 10% de Java International, del 5% de Canga Enterprises y del 1,14% de Atish Topco.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, volvió a imputar el pasado mes de enero a Luis Iglesias ya que sospecha que "lideró", junto al benjamín de los Pujol, la operación inmobiliaria que les sirvió para blanquear el dinero que presuntamente habrían desviado de la operación, 5,05 millones de euros, y ocultarlo a Hacienda. En un auto, dictado el 25 de enero, De la Mata revocó la decisión de otro magistrado, Santiago Pedraz, que había archivado el pasado mes de septiembre la investigación a Iglesias por blanqueo de capitales, dejando abierto el proceso únicamente por delitos fiscales.
La directiva que le acusa
Como administradores de Pavane figuran Isabel Olivares y Luc Sunnen. Olivares es directiva de Drago Capital y el pasado 20 de enero declaró en calidad de testigo ante el juez De la Mata, asegurando que Oleguer Pujol y su socio habían cobrado comisiones de la compraventa de las sucursales del Banco Santander, valorada en 2.330 millones de euros, a través de un entramado societario internacional.
Olivares afirmó ante el juez que fueron, de hecho, el menor de los Pujol y su socio los que determinaron cómo debía realizarse el pago de las comisiones resultantes de dicha operación. La compraventa de las sucursales, según el magistrado que instruye la causa, dio como resultado unas comisiones totales de 11,5 millones de euros que fueron presuntamente repartidas entre Oleguer e Iglesias (2,5 millones para cada uno) junto a los empresarios Javier y Gabriela De la Rosa -hijos del conocido empresario Javier de la Rosa- y José María Villalonga padre e hijo.
La administradora de Pavane Invesments y directiva de Drago Capital habría declarado, según las fuentes jurídicas citadas por la agencia Efe, que Oleguer y su socio dictaminaron que dichas comisiones se realizasen a través de dos sociedades holandesas controladas por otra radicada en las Islas Vírgenes Británicas: Ard Choille, vinculada a Oleguer Pujol, y Marway, relacionada con los hermanos De la Rosa y con los Villalonga.
Deuda del Estado
El hijo pequeño de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat catalana, reconoció el pasado 12 de enero ante el magistrado de la Audiencia Nacional que cobró la comisión en negro por la operación de compraventa de las oficinas del Banco Santander y, posteriormente, utilizó el dinero para comprar deuda del Estado. Sin embargo, aseguró que llevó a cabo dos regularizaciones fiscales, en 2012 y 2013, y que, por tanto, actualmente se encuentra al corriente de todos sus pagos con la Agencia Tributaria.
La Fiscalía Anticorrupción, no satisfecha con la declaración de Oleguer Pujol, solicitó prisión provisional sin fianza para el acusado, petición que fue denegada por el magistrado al considerar que no existe riesgo de fuga ni peligro de destrucción de pruebas. De la Mata, sin embargo, le retiró el pasaporte. El Ministerio Público considera que ha habido una "reiteración delictiva" en su comportamiento desde 2014, pese a la investigación que hay en marcha y a que sus cuentas están bloqueadas.