La CEOE y las principales patronales critican el alza de cotizaciones y el adelanto en Sociedades. Las medidas generan inseguridad a las empresas y restan competitividad a nuestro país, afirman.
El nuevo decreto de medidas tributarias y sociales aprobado por el Gobierno el pasado 2 de diciembre genera un nuevo foco de incertidumbre para la actividad empresarial y afectará de forma negativa a las inversiones previstas o futuras. Así lo será tanto para las compañías españolas, como para las extranjeras que quieran incorporarse a nuestro mercado, según manifiestan las principales patronales sectoriales del país a este diario. Por su parte, la propia CEOE se muestra tajante a la hora de valorar de forma negativa decisiones como la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 8 por ciento, el alza en las cotizaciones sociales o los cambios in extremis en Sociedades.
Lo que trae de cabeza a la Confederación de Organizaciones Empresariales es el hecho de que esos cambios afectan a decisiones de inversión que ya se tomaron hace meses. A la vez, complican enormemente cualquier previsión sobre los costes fiscales de sus compañías o la valoración de inversiones futuras. "Esta inseguridad, unida a la alta presión fiscal, crea en nuestro país un entorno desfavorable a la inversión, tanto nacional como extranjera, que se pone más de relieve frente a los anuncios, en otros países, de una reducción de la fiscalidad empresarial", apostillan.
Desde la CEOE lamentan que la reducción del déficit vuelva a encararse con alzas de impuestos que recaen directamente sobre las empresas. De hecho, recuerdan que la presión fiscal a las empresas españolas es superior a la que soportan sus competidoras en muchos países de la Unión Europea, en especial en lo relativo a las cotizaciones sociales.
Las distintas patronales sectoriales consultadas por elEconomista coinciden en el impacto negativo que tendrán varias de estas medidas en la recuperación de sus asociados. Por ejemplo, para Rafael Barbadillo, presidente de la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (Asintra), la eliminación de los tipos negativos del impuesto sobre Sociedades va a mermar la capacidad de crecimiento del sector productivo y restará dinamismo al PIB. "Si los analistas pensaban en un 2,2 por ciento de alza, con estas medidas se bajará al 1,9 por cienot o 2 por ciento", según sus cálculos. En su caso, afirma, "ahora las empresas tendrán menos capacidad para renovar sus flotas, pujar por las líneas con precios más competitivos, contratar o seguir creciendo, lo que lastrará la recuperación".
Sobre el adelanto de Sociedades, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estalella, subraya que actuará en contra de la recaudación del producto hotelero. El hecho de anticiparlo de un año respecto al siguiente, dado que las temporadas hoteleras tienen oscilaciones, "incide negativamente, pues habrá años en que adelantemos dinero con la posibilidad de que la siguiente la temporada no vaya tan bien", insiste.
En la misma línea opina Manuel Vilches, director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis), que representa a la sanidad privada. "La medida del impuesto de sociedades, que pretende reducir las deducciones fiscales, junto a la disminución del tipo mínimo de pagos fraccionados puede afectar a la competitividad y el empleo en los diferentes sectores y en ese sentido el sanitario que es un entorno extensivo en innovación y empleo de calidad no es una excepción", asegura Vilches.
Las patronales coinciden en aplaudir el intento del Gobierno en reducir el déficit en el momento en que está subiendo el precio del petróleo, "pero no lo puede hacer subiendo los impuestos, porque además no es tan eficaz, no se recauda mucho más", asegura Francisco Aranda, secretario general de la patronal de la logística UNO, quien critica la subida de las cotizaciones sociales. "Las cotizaciones sociales ya son de las más altas de Europa y subirlas más nos resta competitividad y productividad", afirma.
Desde la Asociación Española de Banca (AEB) apuestan ?por una reforma fiscal en profundidad?, pero que tuviera en cuenta "la necesidad de seguir primando el crecimiento y la creación de empleo", según indica su portavoz, José Luis Martínez Campuzano. La inversión internacional también sufriría, tal y como destacan desde la patronal de la ingeniería Tecniberia. "Contrasta con las medidas que se están adoptando desde otros países, en sentido contrario y orientadas a reducir la carga tributaria que soportan las empresas", asegura su presidente Juan Lema.
Los autónomos, en alerta
En el caso de los emprendedores, las perspectivas no son más halagüeñas. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, sin previo aviso y en el último momento, ha dejado descolocados a los autónomos, que sí eran partidarios de su aprobación. En la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA calculan que los trabajadores por cuenta propia que contraten verán incrementados sus costes salariales en 1.000 euros por empleado en 2017.
Al mismo tiempo, el aumento del SMI elevará la base mínima de cotización al Régimen General en el mismo porcentaje (8 por ciento) e incrementará la base mínima de los autónomos societarios y de los que tengan 10 o más trabajadores -que utilizan esta referencia para sus propias bases mínimas-. Éstas subirán hasta los 1.153 euros, es decir 300 euros más al año. "ATA está muy preocupada con esta subida, que supone una nueva estocada para el millón de autónomos societarios del país", afirma su presidente, Lorenzo Amor. En tres años, los autónomos societarios han tenido que asumir un incremento de 600 euros en sus bases mínimas.
