La inflación británica ha comenzado a experimentar una inquietante tendencia al alza para una plaza en vísperas de probar su resiliencia económica con su salida de la Unión Europea. En septiembre, el IPC se elevó al 1%, un porcentaje inédito en las islas desde noviembre de 2014. La subida es dramática en relación a agosto, cuando el índice fue de un 0,6%, el mayor incremento intermensual desde junio de 2014.
Los datos despertaron las alarmas en un país acostumbrado desde la crisis a que los precios apenas se muevan. Aunque la Oficina Nacional de Estadística rechazó "evidencias explícitas" de que el origen se encuentre en la aparatosa devaluación de la libra desde la confirmación del Brexit, la caída de la moneda británica encarecerá productos básicos procedentes del exterior, como los alimentos o la ropa.
Precisamente esta última constituyó uno de los factores decisivos tras la notable subida del mes pasado, cuando el coste aumentó al máximo nivel desde 2010. También los hidrocarburos jugaron un papel destacado, un año después de haber sufrido importantes caídas.
Aunque la inflación se sitúa en mínimos históricos, la tendencia es preocupante para el Gobierno. De continuar en aumento, podría superar al crecimiento de los sueldos, actualmente en torno a 2%, lo que significaría para el ciudadano de a pie un recorte salarial. Este escenario complica la labor de un Ejecutivo de Theresa May que vende la idea de una economía que funcione para todos los británicos.
Su capacidad de influencia, sin embargo, es reducida, puesto que sin la penosa evolución de la libra este mes, coincidiendo, con los indicios que apuntan a un Brexit duro, la presión sobre los precios se ha dejado notar en la cadena de suministro, como quedó de manifiesto en el reciente enfrentamiento entre Tesco, principal cadena de supermercados del país, y su proveedor Unilever, en torno a quién debería asumir las pérdidas ocasionadas por la deriva de la libra.
Así, los precios continuarán aumentando el próximo año, incluso al punto de superar el 2% fijado como objetivo del Gobierno. Además del sudoku económico que este panorama abriría, se une el problema político sobre quienes más sufrirán los bajos salarios.