La Comisión Europea está a punto de romper los acuerdos firmados con la industria tabacalera para la lucha contra el contrabando tras constatar que ha habido en los últimos años un aumento del tráfico ilícito de cigarrillos. La Eurocámara ha aprobado esta semana una resolución por la que rechaza la renovación de estos pactos extrajudiciales y los técnicos de la Comisión se han posicionado también en el mismo sentido.
En virtud de dichos acuerdos, las empresas se habían comprometido a pagar 2.150 millones de dólares (1.950 millones de euros) a la UE y los Estados miembros entre 2004 y 2030 para evitar procesos judiciales por los impuestos y aranceles defraudados. A cambio, Bruselas renunció a emprender acciones legales, paralizando los procesos que había en marcha contra Philip Morris y Japan Tobacco Inter- nacional por su presunta participación en el tráfico ilícito.
El problema de fondo es que el tabaco aporta a los Estados miembros 90.000 millones en impuestos cada año y el agujero fiscal que causa el tráfico ilícito supera los 10.000 millones anuales. Además, aunque las empresas habían pactado combatir de forma activa el comercio ilegal, vendiendo sólo a clientes legítimos, garantizando un sistema de seguimiento del producto y limitando la producción a la cantidad que demanda el mercado legal, Bruselas cree que la utilización de fondos abonados por la industria para financiar a la Olaf (Oficina Eurpea de Lucha contra el Fraude) puede suponer un conflicto de intereses. Actualmente, el 90 por ciento de los fondos van a los Gobiernos europeos y el resto a las arcas comunitarias.
El acuerdo con Philip Morris
El primer acuerdo se firmó en 2004 con Philip Morris y acaba el próximo julio. Japan Tobacco Internacional, propietaria de Winston y Camel, lo firmó en 2007 y su acuerdo finaliza en 2020 mientras que BAT e Imperial Tobacco, la matriz de Altadis, lo sellaron en 2010 hasta el año 2030.
Philip Morris, propietaria de marcas como Marlboro o Chesterfield, era la que había acordado una aportación mayor, hasta 1.250 millones de dólares (1.130 millones de euros), para evitar demandas civiles. Pero sus marcas, que son las más vendidas, siguen siendo las más afectadas también por el contrabando. Tan sólo en España, de acuerdo con un informe anual que elabora la consultora Ipsos para la propia industria analizando las cajetillas sin precinto fiscal, el 29,5 por ciento del contrabando en el país se hace bajo sus enseñas.
Ante la finalización de su pacto extrajudicial, Philip Morris asegura que "lo que realmente importa es la continuidad de las medidas de control de la cadena de suministro contenidas en el acuerdo", que según dice, han contribuido a reducir la presencia de sus marcas en el tabaco de contrabando.
"La decisión sobre el futuro del acuerdo compete a la Comisión Europea y a los países miembros. Con o sin renovación, nuestro compromiso para continuar nuestros esfuerzos e inversiones en todo el mundo para atajar el comercio ilícito se mantiene intacto y más fuerte que nunca", concluye la compañía.
En España, uno de los países más afectados por el problema del tráfico ilícito, hay que tener en cuenta no obstante que el acuerdo no afectaba ni a Andorra ni a Gibraltar, que están consideradas las dos grandes puertas de entrada del tabaco de contrabando.
El Parlamento Europeo ya se ha posicionado en contra de la renovación del acuerdo con Philip Morris. La Eurocámara aprobó el pasado miércoles una resolución en la que resaltaba los pobres resultados de la cooperación con la tabaquera, pidiendo a la Comisión que ponga fin al pacto. En su lugar, los europarlamentarios recomendaron que el Ejecutivo comunitario opte por la vía dura, utilizando la directiva de tabaco de 2014, y otros instrumentos legislativos internacionales para luchar contra el tráfico ilícito.
Lucha contra el tráfico ilícito
Sin embargo, esta directiva no estará totalmente aplicada hasta 2019. Por lo tanto, el Parlamento sugiere que la Comisión prepare medidas adicionales contra los cigarrillos cheap white, no falsificados, pero que entran a través de mercados de baja fiscalidad (como Gibraltar), o controlar los productos de Philip Morris e iniciar acciones legales. Los propios técnicos de la Comisión Europea parecen coincidir con la negativa visión de la Eurocámara. En un análisis técnico sobre los resultados del acuerdo, fechado el pasado 24 de febrero, los expertos concluyeron que se ha producido una caída del 85 por ciento en el contrabando registrado de Philip Morris. Sin embargo, admitieron que no se había establecido una relación causal entre este descenso y el propio acuerdo.
Además, lamentaron que estos beneficios no se habían traducido en una reducción general del contrabando en Europa. Más aún, aunque el informe intenta abstenerse de juicios políticos por ser un papel técnico, se hace eco de la "crítica" de colocar, casi "rozando la comodidad" a las tabaqueras y la política antifraude europea, incluso al conjunto de las instituciones de la Unión Europea, más aun cuando las primeras están en plena ofensiva legal contra la directiva comunitaria.
