Vitaldent utilizó una contabilidad paralela para engañar a su auditor

Ernesto Colman, el empresario uruguayo propietario de las clínicas Vitaldent, ocultó durante años una contabilidad B a sus auditores. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que había facturación ficticia al margen de los estados contables, que entre los años 2012 y 2014 auditó PricewaterhouseCoopers (PwC) y que desde 2015 supervisa KPMG.

En sus últimos informes de auditoría, los correspondientes al ejercicio 2014, PwC no puso salvedades a las cuentas ni de la sociedad luxemburguesa Dental International Sarl ni a las cabeceras del negocio en España: las sociedades US Mississippi Invers y Laboratorios Lucas Nicolás, de las que cuelgan el resto de sociedades del entramado empresarial de Colman.

En cada uno de sus informes, PricewaterhouseCoopers recuerda, en este sentido, que "el administrador es responsable de formular las cuentas anuales de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados", así como "del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas (...) libres de incorrección material, debida a fraude o error".

En el auto en el que la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para seis directivos de Vitaldent, la magistrada recoge un informe de la Udef en el que se estima que cada una de las 146 clínicas propias de Vitaldent pagaba un canon mensual de 10.000 euros a la trama. En base a estos datos, la juez concluye que la cúpula de la empresa recibía 17,52 millones anuales que ocultaba a la hacienda pública, al menos entre los años 2012 y 2015, lo que sumaría un fraude de 52,5 millones. Estas cantidades coinciden con transferencias a Luxemburgo desde junio de 2012 a julio de 2015.

Además, las intervenciones telefónicas a los detenidos han confirmado la existencia de cobros mensuales en B por importes que oscilan entre los 10.000 y los 12.000 euros mensuales por cada una de las clínicas propias, que pertenecen a la sociedad Opendent. También había pagos en efectivo por parte de franquiciados de confianza, entre ellos los hermanos Javier Óscar Arteaga, que gestionan 13 clínicas Vitaldent, abiertas en distintos puntos de España.

La operativa realizada consistía en realizar una facturación falsa, inferior a la real y aplicar a esa facturación ficticia un porcentaje fijo. En total, en los distintos registros realizados durante la operación, la policía se incautó de 1,2 millones de euros en efectivo.

Financiación de Banco Madrid

Según las cuentas presentadas por la matriz de Vitaldent, Dental International, la firma tenía suscrita una línea de crédito de hasta 5 millones de euros anuales con Banco Madrid. Una financiación que se sumaría a los 100 millones concedidos en 2013 por el fondo de capital riesgo IGC.