Ernesto Colman, el dueño de las clínicas Vitaldent, detenido junto a otras 15 directivos de la red de clínicas dentales por blanqueo, fraude y estafa, logró que Hacienda le abonara entre 2011 y 2013 un total de 1,16 millones de euros, mientras vaciaba el negocio y se llevaba su patrimonio a Luxemburgo. El dueño de Vitaldent facturó en dos años 456 millones vía Luxemburgo.
US Mississippi Invers, su firma patrimonial y cabecera en España de su entramado empresarial, ha pasado de tener un patrimonio neto de 81,7 millones en 2011 a únicamente 7,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2014. De forma paralela, en 2013 Colman constituyó en Luxemburgo la sociedad Dental International Sarl como holding del entramado, del que cuelgan más de 399 sociedades de forma directa o indirecta, tanto las españolas como las abiertas en otros países. Así, al cierre de 2014 tenía activos declarados en el Gran Ducado por valor de 217,1 millones de euros.
Pese a todo ello, Hacienda devolvió en España a US Mississippi Invers un total de 508.803 euros en 2011; otros 313.942 euros más en 2012 y 340.852 euros en 2013. La única excepción fue en 2014, cuando tras declarar un beneficio en España de 28,05 millones de euros, Colman tuvo que pagar al fisco 313.942 euros.
Eso supone que, tras las fuertes devoluciones de años anteriores, tributó por tan sólo el 1% de sus ganancias, lo que dejó el beneficio neto después de impuestos en 27,7 millones de euros. De US Mississippi Invers cuelga de forma directa la firma Laboratorios Lucas Nicolas, que controla a su vez la mayor parte del entramado, y que sí pagaba regularmente impuestos, según los datos recogidos por Informa.
La Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Nacional, la Udef, está rastreando, sin embargo, todos estos movimientos y tiene la sospecha de que el empresario uruguayo se llevó su patrimonio a Luxemburgo con el objetivo final de deshacerse de todo el negocio y quedarse después con el dinero. Lo llamativo es que la investigación se abrió hace ya casi tres años, tras la denuncia de varios franquiciados, encontrándose pruebas de un presunto desvío de dinero a Suiza.
Según la documentación del Registro Mercantil de Luxemburgo, a la que ha tenido acceso este periódico, la firma luxemburguesa Dental International Sarl era propietaria a su vez del cien por cien de las acciones de una sociedad suiza denominada Nez Segi, que está también bajo la lupa policial. En teoría, esta empresa operaba como una central de compras, aunque podría haberse utilizado para la elusión de impuestos.
"Sistema salvaje"
Vitaldent declinó ayer hacer ningún tipo de comentario sobre las cuentas de la sociedad, el entramado o los movimientos de dinero, limitándose a transmitir tranquilidad a los locales franquiciados y a los clientes sobre el funcionamiento diario de la empresa. Colman se acogió ayer, por su parte, a su derecho de no declarar ante el juzgado de instrucción número dos de Majadahonda (Madrid), mientras que sí lo hicieron el vicepresidente de la compañía, Bartolo Conte, y otros miembros de la cúpula directiva como Javier Arteaga y Nicolás Sissini, que respondieron a las preguntas planteadas por el fiscal anticorrupción José Grinda.
Los abogados de los franquiciados de las clínicas dentales explicaron que sus clientes estaban sujetos a un sistema de franquicias "salvaje", en el que el 98% de las cláusulas de los contratos eran penales, es decir, "se castigaba todo sin ningún tipo de contraprestación".
Respecto al modelo de negocio que seguían las clínicas, explican que "al parecer la marca Vitaldent imputaba sobrecostes de manera continuada y sostenida en el tiempo a los franquiciados; aplicaba de manera perversa el sistema informático, donde se establecía la información y toda la facturación, así como cánones que no figuraban en el contrato de franquicias".
Según apuntan, "también se practicaban auditorías internas que servían para doblegar el ánimo de los franquiciados".
Dueño de un pueblo en el Valle de Arán
El dueño de Vital Dent es propietario de decenas de casas, aviones privados, un pequeño pueblo en el Valle de Arán (Lérida), por el que pagó cinco millones de euros.
Eso además de una finca de caballos pura sangre en Villacastín (Segovia), que podría haber utilizado también para llevar a cabo el blanqueo de capitales vendiendo animales.