OHL, salpicado por un escándalo de corrupción en México, ha asegurado hoy que su política anticorrupción recoge el "absoluto rechazo ante cualquier forma de soborno y corrupción tanto en el sector público como en el privado".
En una presentación remitida a la CNMV con motivo de la celebración hoy de la Junta de Accionistas, OHL expone sus avances en responsabilidad social corporativa y buen gobierno, entre los que destaca también la adecuación de su modelo de prevención de delitos a los requisitos legales recogidos en la modificación del Código Penal español.
Además, asegura que ha mejorado el proceso de diligencia debida de terceras partes conforme a requisitos de cumplimiento recogidos en la normativa nacional y en el estándar internacional en la materia, que comprende tres perspectivas de riesgos: cumplimiento normativo, solvencia y riesgos de desempeño.
Entre otros aspectos añade la adaptación del Código Ético del grupo al Código Penal y la incorporación de OHL México, con fecha 3 de febrero de 2015, al IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) anunció ayer que pedirá auditorías de sus contratos con OHL México después de que una nueva grabación revelara un supuesto soborno de la compañía a "magistrados" del país.
Con anterioridad, miembros de la oposición en el país pidieron la creación de una comisión investigadora sobre posibles actos de corrupción en los contratos asignados a OHL, al considerar insuficientes las investigaciones del Gobierno del Estado de México.
La solicitud se produjo después de que Pablo Wallentin, hasta el 11 de mayo jefe de gabinete de OHL México, invitara al secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, a una estancia de cinco días en el complejo de Mayacoba que el grupo Villar Mir tiene en la Riviera Maya.
Tras saltar el escándalo, relacionado con la construcción del Viaducto Bicentenario, Wallentin fue despedido por el incumplimiento del Código Ético de la compañía, que prohíbe regalos de más de 300 euros, aunque también se forzó la renuncia de Mena a su cargo en el Gobierno del Estado de México el pasado fin de semana.
