Empresas y finanzas

ACS pone en jaque otra vez a Fomento para que rescate el AVE a Francia

No es la primera ni la segunda, sino la tercera ocasión en los últimos tiempos en la que ACS, el grupo de construcción y servicios que preside Florentino Pérez, pone en jaque al Gobierno de Mariano Rajoy y amenaza con agujerear el bolsillo de los españoles.

TP Ferro, la sociedad participada al 50 por ciento por ACS y la gala Eiffage y que es la responsable de gestionar los trenes de alta velocidad (AVE) que unen España y Francia entre las estaciones de Figueras y Perpignan, presentó ayer el preconcurso de acreedores en un juzgado de Gerona.

La decisión no es baladí porque el próximo 31 de marzo vencía la deuda de 428 millones que la empresa tiene vinculada al proyecto y permite a TP Ferro prorrogar un máximo de cuatro meses -hasta el 19 de julio- la oportunidad de seguir negociando la refinanciación con los fondos y los bancos acreedores. Tras este periodo, si no hay acuerdo -y hasta la fecha ha sido imposible-, la firma suspenderá pagos (concurso de acreedores) y el futuro de la concesión estará en manos de los gobiernos de España y Francia.

El detonante que ha precipitado el preconcurso han sido el ultimátum de los fondos acreedores para que TP Ferro inyectara 120 millones y el portazo último del Ministerio de Fomento con el que se ha topado el también presidente del Real Madrid en su última intentona. El empresario planteó al departamento que dirige Ana Pastor que inyectara a fondo perdido 100 millones de euros para aligerar la deuda y favorecer las condiciones de refinanciación. A los acreedores del crédito, que se reparten prácticamente a partes iguales entre los fondos (el 52 por ciento) y los bancos (el 48 por ciento), les planteaba alargar el vencimiento de los 428 millones hasta 2034. Pero el Ejecutivo no está dispuesto a hacer más concesiones después de los episodios del almacén de gas Castor y de las autopistas quebradas. Al menos, esa es su posición actual. "Fomento no puede poner dinero así porque sí en una concesión porque alteraría absolutamente todo el modelo", señalan desde el Ministerio.

Ante esta negativa, Florentino Pérez y su homólogo en Eiffage, Pierre Berger, han reaccionado de inmediato declarando el preconcurso para demostrar que no van de farol en la tentativa de abandonar a su suerte -la de la Administración-el AVE España-Francia a costa incluso de perder la concesión y de tirar por la borda por tanto la inversión acometida en un proyecto que arrastra un agujero financiero a ojos de TP Ferro inasumible.

La declaración del preconcurso no estaba, sin embargo, en la hoja de ruta inicial de Pérez, quien esperaba que el Gobierno le echara un cable una vez más. De hecho, en enero pasado, los fondos, entre los que figuran los americanos Avenue Capital Group y BlueMountain Capital Management, y los bancos acreedores, que incluyen a ING Direct (el más enredado con cerca de 45 millones), BBVA, Bankia, Caixabank o Novo Banco, ofrecieron ampliar los plazos de vencimiento de la deuda siempre y cuando TP Ferro inyectara 120 millones de euros para aligerar la deuda, como informó ayer este diario. La empresa "dio largas" entonces a esta propuesta, según cuentan fuentes próximas a los fondos implicados.

Los fondos aplauden

Su estrategia pasaba, en definitiva, porque ese dinero que le reclamaban los acreedores saliera de las arcas públicas, como así evidencia su última propuesta a Fomento. Retrasando las negociaciones pretendía tensar al máximo la cuerda para que, con el vencimiento a la vuelta de la esquina -el 31 de marzo-, el departamento de Pastor no tuviera más remedio que intervenir y evitarse otro conflicto como el que asola a nueve autopistas españolas, en tres de las cuales precisamente participa, a través de Dragados, el Grupo ACS. Pero esta vez el Gobierno no ha dado su brazo a torcer.

Una posición aplaudida además por los fondos, que se oponían a que Fomento pusiera el dinero y ACS y Eiffage continuaran al frente del proyecto. "Si paga el Gobierno, que se lo quede el Gobierno", afirman desde los fondos internacionales. En este supuesto, los acreedores proyectan "soluciones constructivas", que pasarían por recibir garantías suficientes de cobro por parte de la Administración y no supondrían una aportación inmediata de capital público.

El planteamiento de TP Ferro para que Fomento destinara los 100 millones se sustentaba en que la concesión del Ave está sujeto al sistema de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), lo que implica que en el caso de impago el Estado español, junto con el francés, tendrán que hacerse cargo de la operativa y de toda la deuda.

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