El caso del AVE España-Francia es la repetición de lo ocurrido con las nueve autopistas que el Gobierno estudia nacionalizar. ACS, a través de Dragados, participa en las radiales 2 (en la sociedad Henarsa), 3 y 5 (en Accesos de Madrid en estas dos últimas). El rescate público de las infraestructuras, que por ahora el Gobierno se resiste a poner en marcha, puede llegar a tener un coste de 8.000 millones de euros.
Los motivos esgrimidos por las concesionarias es que el tráfico real está muy alejado del estimado inicialmente.
La polémica también salpicó a Florentino Pérez por el almacén de gas Castor. El cierre del almacén subterráneo de gas fue sufragado por el Estado en cumplimiento del contrato que se acordó para iniciar las obras, lo quefinalmente deriva en que en la tarifa del gas de los ciudadanos durante los próximos 30 años se repercutirán los 1.350 millones de euros de indemnización que recibió ACS por la suspensión del proyecto.
La promotora de Castor, una sociedad conjunta entre ACS y la canadiense Dundee Energy, recibió esta cantidad para hacer frente a los bonistas de esta fallida instalación, un extremo que ha terminado en una disputa incluso entre los dos socios.
También saltó el escándalo hace unas semanas cuando, como contó elEconomista, se supo que el ya expresidente de Enresa pretendía supuestamente asignar a Dragados la gran obra del cementerio nuclear sin esperar a los informes técnicos. Así, la estrategia del expresidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega era adjudicar el contrato principal del proyecto al consorcio liderado por Dragados (filial de ACS) antes de que el CSN se pronunciara y se incrementaran los costes de las obras.
