Madrid, 9 sep (EFECOM).- La propuesta de la Junta de Andalucía para garantizar que el esfuerzo para comprar una vivienda no supere un tercio de los ingresos familiares, ni una cuarta parte en caso de alquiler, ha recibido críticas y alabanzas del resto de las autonomías, en función del color político de su Gobierno.
Así, las comunidades gobernadas por el PP (La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra, Murcia y Madrid), consideran "electoralista" el plan que prepara Andalucía.
Las autonomías que regenta, solo o en coalición, el PSOE (Asturias, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Baleares y Cantabria), apoyan la futura norma y aseguran que es un derecho que recoge el artículo 47 de la Constitución.
La excepción estuvo en dos comunidades gestionadas por partidos regionalistas: País Vasco, que considera positivas las iniciativas encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna a un precio asequible, y Canarias, que opina que las propuestas del Gobierno de Andalucía "difícilmente" se pueden llevar a cabo.
La Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que entrará en vigor en 2008 y regulará el derecho constitucional de los andaluces a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación familiar, económica y social, precepto que recoge su Estatuto de Autonomía.
El proyecto también ha despertado discrepancias entre el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien no se mostró partidario de "grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida", y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, quien animó al resto de las regiones a que sigan el ejemplo andaluz.
En este sentido, la vicepresidenta del gobierno cántabro de coalición PRC-PSOE, Lola Gorostiaga, está absolutamente de acuerdo con la filosofía del proyecto andaluz y aseguró que tiene pensado construir 8.000 viviendas sociales en Cantabria en esta legislatura.
Desde la Generalitat de Cataluña se felicitaron por el plan andaluz, con el que comparten la necesidad de producir más vivienda asequible de venta o alquiler y las ayudas directas a las familias, que en el caso catalán establece que el esfuerzo inversor debe ser inferior al 30 por ciento.
El conseller balear de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, calificó de "positiva" la iniciativa, porque así se materializa la intervención de la administración pública en el mercado inmobiliario, hecho que intentará copiar en el archipiélago manteniendo la sostenibilidad y la preservación del territorio.
Desde la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón calificaron la medida de "social y legislativamente valiente y atrevida", aunque matizaron que un programa tan ambicioso de vivienda protegida debe estar pactado "forzosamente" con el Gobierno central.
En esta comunidad autónoma se iniciaron 8.200 viviendas de protección oficial (VPO) el año pasado, lo que supone cerca de un tercio del total de las comenzadas en la región, y la mitad de las construidas en Andalucía en 2006 (unas 15.500), con la diferencia de que hay un aragonés por cada seis andaluces.
La portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, aseguró que el Principado ya está poniendo en práctica políticas de vivienda como las propuestas por Andalucía, y resaltó el compromiso asumido en la pasada legislatura de poner en el mercado 15.000 viviendas protegidas.
La consejera de Vivienda y Suelo de la Xunta de Galicia, Teresa Táboas, subrayó la importancia de concretar y materializar las políticas que propicien el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, tal y como recoge en forma de derecho la Constitución.
Recordó que Galicia es la primera Comunidad Autónoma del Estado que dispone de un Plan Sectorial de Vivienda Protegida.
El Gobierno extremeño comparte con el andaluz la necesidad de llevar a cabo este tipo de políticas, aunque asegura que Extremadura está "mucho más adelantada" que Andalucía en lo que se refiere a propuestas en materia de vivienda protegida, según explicó el consejero de Fomento de la Junta, José Luis Quintana.
Castilla-La Mancha también tiene un objetivo similar al andaluz, ya que van a garantizar ayudas para conseguir un hogar a todas las personas que lleven inscritas un año en el registro de demandantes.
El País Vasco, que apoya la medida andaluza, pese a que es una región no gobernada por el PSOE, tiene elaborado su propio Proyecto de Ley de Vivienda, actualmente en tramitación interna, en el que se recoge como un derecho universal, exigible ante los tribunales a partir del 1 de enero de 2010.
Una medida electoral
Las regiones gobernadas, solo o con pactos, por el PP, además de Canarias, consideran que la tramitación de la normativa que prepara la Junta de Andalucía se presenta en fechas cercanas a las elecciones en Andalucía, lo que le resta credibilidad.
Así lo cree el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno de La Rioja, Antonino Burgos, quien afirmó que la asociación de ayudas al esfuerzo económico de las familias es una idea que "nosotros ya llevamos a cabo hace dos años".
Lo mismo opina la Junta de Castilla y León, que aseguró que con estas actuaciones está comenzando la "subasta electoral" que puede ser superada con nuevos anuncios de aquí a marzo, cuando está prevista la convocatoria de los comicios.
El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, criticó la "ocurrencia" de la Junta de Andalucía, al tiempo que ensalzó las medidas madrileñas como las ayudas para la constitución de hipotecas para jóvenes o algún tipo de desgravación fiscal durante los primeros años de pago del préstamo.
Como propuesta "electoralista y sin presupuesto" ha sido calificada la medida andaluza desde Murcia, según la consejera de Economía, Inmaculada García.
Navarra "supera con creces" la propuesta del Ejecutivo andaluz, ya que el Gobierno Foral construye unas 3.000 viviendas protegidas al año, aseguró el consejero de Vivienda, José Carlos Esparza.
Para la Comunidad Valenciana, la iniciativa de Andalucía "no es concreta ni asumible" y se queda por debajo de las que ya ofrece la Generalitat, en su Plan de Acceso a la Vivienda.
El Ejecutivo canario, en el que gobierna Coalición Canaria, considera que las propuestas de Andalucía sobre el acceso a la vivienda, "difícilmente se pueden llevar a cabo".
Canarias cuenta con iniciativas como el plan de vivienda, la bolsa joven y las líneas de ayudas financieras para su acceso. EFECOM
mvm-eco/rl
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