La Paz, 31 ago (EFECOM).- Un ex funcionario boliviano, que fiscalizó las auditorías realizadas a las petroleras, afirmó hoy que el gobierno del presidente Evo Morales no difunde, ni aprovecha esos informes con los que puede aplicar "una verdadera nacionalización" al sector.
La afirmación fue hecha por Enrique Mariaca, quien dirigió hasta abril pasado la fiscalización de los exámenes realizados a diez petroleras, proceso en el que el Estado boliviano invirtió un presupuesto de 3,6 millones de dólares.
Las auditorías fueron encargadas por el gobierno para conocer las inversiones de las petroleras, el volumen de sus reservas, sus ingresos, impactos ambientales y la rentabilidad que obtuvieron desde que llegaron al país a mediados de la década pasada.
Mariaca, un ingeniero de 92 años conocido por su defensa de los recursos energéticos en Bolivia, lamentó que el gobierno no use esos documentos para justificar una nueva nacionalización, porque, a su juicio, las empresas grandes ya recuperaron sus inversiones y no debe pagárseles una indemnización.
El gobierno concretó ya la nacionalización de dos refinerías de Petrobras a la que compró sus acciones en 112 millones de dólares, y mantiene negociaciones con otras trasnacionales, como la hispano argentina Repsol YPF, para asumir el control de otras cuatro empresas.
Según Mariaca, las cifras globales que arrojaron las auditorías señalan que las "inversiones reales" fueron de 2.240 millones de dólares, frente a los 3.040 millones que proclamaron las empresas.
Sin embargo, sostuvo que a esa cifra de 2.240 millones pueden aplicarse varios conceptos "técnicos y políticos" que permiten demostrar que las compañías ya han recuperado sus inversiones especialmente en los grandes campos y no es necesario pagarles una compensación, si el Estado asume el control total de los campos.
Mariaca dijo que, al parecer, esos informes de auditoría no son usados para guiar las negociaciones que el ministerio de Hidrocarburos y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) continúan realizando con las petroleras.
Los nuevos contratos petroleros fueron suscritos a fines de octubre de 2006, pero entraron en vigor el 2 de mayo pasado, luego de ser protocolizados en una notaría, tras la prolongada y accidentada tramitación que tuvieron en el Congreso nacional.
Mariaca dijo que luego de tres meses en los que guardó una obligada confidencialidad sobre el punto, ahora puede revelar las cifras que arrojaron las auditorías y la próxima semana dará más informes en el Congreso.
A su juicio, el proceso realizado hasta ahora por el Ejecutivo "fue una nacionalización a medias" porque el Estado no asumió el control total de las empresas y, en cambio, aceptó negociar con las trasnacionales "una sociedad" para que continúen en el país.
Una fuente del ministerio de Hidrocarburos dijo hoy que los informes de auditoría a 58 campos fueron entregados a YPFB y con ellos se definirán los ingresos definitivos que tendrá el Estado y los que se reconocerán a las empresas en el negocio. EFECOM
ja/cpy
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